ALMERÍA 16 May. (EUROPA PRESS) -
Los 12 jueces de los partidos judiciales de El Ejido y Roquetas de Mar (Almería) han elevado una petición al Ministerio de Justicia para elevar de jueces a magistrados la categoría de los integrantes de ambas plazas con el fin de afianzarlos y evitar la "una fuga masiva y una movilidad desproporcionada de jueces" en unos partidos con "elevada litigiosidad", ya que eso podría derivar en el "colapso" de la justicia.
Los jueces afectados por esta circunstancia han hecho llegar un informe al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a la Audiencia de Almería, a la Consejería de Turismo, Regeneración y Justicia de la Junta y a los ayuntamientos de El Ejido y Roquetas de Mar en el que apunta el "agravio comparativo" que sufren los dos partidos judiciales, lo que influye "de manera negativa en la calidad de la administración de justicia".
En dicho documento aseguran que el ascenso a categoría de magistrado de los partidos judiciales no es "caprichosa", sino que constituye "la única medida auténticamente eficaz para evitar el colapso de la Administración de Justicia en la zona del conocido como Poniente almeriense", donde se combina la "complejidad de los asuntos penales tramitados" con la "deficiencia de medios materiales".
"La estabilidad de los titulares de los órganos judiciales constituye el primer y necesario paso para dicha mejora, y ello pasa, irremediablemente, por evitar una fuga masiva y una movilidad desproporcionada de jueces", han incidido en su escrito en el que, han asegurado que, la esta "deficiencia" tiene como consecuencia "indirecta" una "escasa tasa de permanencia de jueces en el ámbito judicial almeriense".
Los jueces exponen así algunas cifras para respaldar su petición, dado que en el ámbito penal, El Ejido, en el año 2021, ha registrado un total de 5.831 asuntos, siendo los datos muy parecidos en el Partido Judicial de Roquetas de Mar, con 5.632. A ello se añaden las ejecuciones penales y la violencia de género, cuyas cifras "son sorprendentemente altas, elevándose hasta prácticamente 900 asuntos anuales en esta materia específica en cada partido", lo que "supera, considerablemente, la entrada de Juzgados de Violencia de Género de muchas de las capitales de provincia de España".
Según han recordado en una nota remitida por el TSJA, en el funcionamiento de la Administración de Justicia se establece que los jueces "ascienden a la categoría de magistrado tras un plazo de tres años en la carrera judicial". Así, al no existir la categoría de magistrado en ninguno de los diferentes partidos judiciales de Almería, excepto la capital, "los aspirantes se ven obligados a cambiar de destino o renunciar al ascenso".
"Solo en El Ejido, desde el año 2019, han sido ya 15 los diferentes jueces que han pasado por sus seis órganos judiciales", han detallado como ejemplo.
El informe suscrito por los 12 jueces y los letrados de la Administración de Justicia de ambos partidos judiciales sostiene que esta petición está basada en datos concretos como "la elevada e inasumible carga de trabajo", la numerosa población o la tasa de litigiosidad existente en los dos municipios, parámetros "superiores a otros partidos judiciales donde el Ministerio de Justicia sí ha decidido recientemente elevar de categoría a sus jueces".
Los jueces insisten en que "el ascenso de categoría de magistrado de los partidos judiciales de Roquetas de Mar y El Ejido no constituye, por tanto, "una decisión caprichosa", sino que "se trata de la única medida auténticamente eficaz para evitar el colapso de la Administración de Justicia en la zona del conocido como Poniente almeriense, caracterizada por su elevada litigiosidad, la complejidad de los asuntos penales tramitados y la deficiencia de medios materiales".
En este sentido, "la estabilidad de los titulares de los órganos judiciales constituye el primer y necesario paso para dicha mejora, y ello pasa, irremediablemente, por evitar una fuga masiva y una movilidad desproporcionada de jueces".
La petición formulada por los jueces ha sido avalada por la Sala de Gobierno del TSJA y la Comisión Permanente del CGPJ, así como por la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del Parlamento de Andalucía, que aprobó una proposición no de ley en apoyo de la solicitud.