Junta dice que la modificación del PGOU de Carboneras que pide al TSJA es "el mejor camino" para demoler el Algarrobico

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado este martes que la modificación del PGOU de Carboneras (Almería) que defiende la Junta ante los tribunales "es el mejor camino" para anular la licencia municipal de obras del hotel de Azata en El Algarrobico y "conseguir" su demolición.

Al tiempo, Fernández-Pacheco ha reprochado al PSOE que votase en contra de este cambio en un pleno celebrado el pasado mes de noviembre e impulsado por el actual equipo de gobierno del PP y le ha acusado de "poner palos en la rueda" para no permitir el "derribo" de una edificación "que nunca debió construirse" y la "restauración" de la playa para "devolvérsela a los andaluces".

El portavoz del Gobierno andaluz se ha pronunciado en estos términos tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que rechaza suspender cautelarmente la modificación del PGOU que se aprobó bajo mandado socialista por la corporación carbonera tal y como solicitó la Junta al considerar que no cumple "estrictamente" la sentencias y que no facilita que se declare nula la licencia de obras mediante un procedimiento de revisión de oficio.

A preguntas de los periodistas, ha precisado que el auto del alto tribunal andaluz "no entra en el fondo" de la cuestión, sino que se limita a "pronunciarse acerca de una medida cautelar que solicitó la Junta", no aceptándola y ha remarcado que "lo importante" es que las sentencias del Tribunal Supremo (TS) "se cumplan".

"El Supremo nos dice, en primer lugar, que el Algarrobico nunca debió construirse, que tiene que ser demolido y que la playa tiene que ser restaurada ambientalmente, pero para eso hace falta que el Ayuntamiento de Carboneras revoque la licencia urbanística que en su día se otorgó", ha subrayado.

Fernández-Pacheco ha explicado que tanto la Junta de Andalucía como el actual equipo de gobierno del PP, liderado por el alcalde, Felipe Cayuela, entiende que "el mejor camino" para conseguirlo es una "modificación" del PGOU que, según ha destacado, "se llevó a pleno pero no pudo aprobarse porque el PSOE votó en contra".

"EL PSOE HACE TODO LO POSIBLE PARA QUE LA DEMOLICIÓN NO SUCEDA"

Ha trasladado, en esta línea, que le "consta" la "voluntad" del alcalde carbonero para "cumplir la sentencia" y ha señalado que, por contra, "los socialistas, a nivel municipal, no parece que estén muy interesados".

"Ellos serán los que tendrán que explicar, ellos y sus dirigentes políticos regionales y nacionales, por qué el PSOE en Carboneras vota en contra de la modificación del PGOU que nos lleve a la anulación de la licencia gracias a la cual se construyó el hotel", ha dicho.

En este punto, ha interpelado directamente a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, para que "conteste a esa pregunta" como "mano derecha, orgánica e institucional, del presidente Pedro Sánchez".

Fernández-Pacheco ha indicado que el Gobierno andaluz "está donde siempre ha estado", en que "se cumplan los acuerdos y el convenio en vigor" de 2011 que establece cómo se "cofinancia" la demolición del hotel y la restauración del paraje protegido, si bien ha insistido en que para que se lleve a cabo "hace falta anular la licencia de obras".

"No me cabe ninguna duda de que el alcalde seguirá intentándolo, aún cuando el PSOE haga todo lo posible para que eso no suceda", ha trasladado.

PARTIDA EN LOS PRESUPUESTOS DE LA CONSEJERÍA PARA 2024

Al hilo de esto, ha hecho referencia a que la partida económica "en el presupuesto" de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul para afrontar el derribo del hotel "existe, aunque ahora mismo no tenga crédito" y ha subrayado que "está creada por si hiciera falta tirar de ella a lo largo de este ejercicio".

"Lo dijo el presidente Juanma Moreno en su mensaje de Navidad y lo hemos manifestado en multitud de ocasiones. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, vamos a colaborar, no solo con el ayuntamiento de Carbonera, sino también con la Administración General del Estado, para cumplir la sentencia, demoler el Algarrobico, restaurar la playa y devolverle a los almerienses, a los andaluces, el paraje", ha finalizado.

Cabe recordar que la Junta recurrió en junio de 2023 ante el TSJA el texto con el que el Ayuntamiento de Carboneras ejecutaba la sentencia firme que le obliga a declarar el suelo de El Algarrobico sobre el que se construyó el hotel de Azata "no urbanizable de especial protección" después de la negativa del entonces alcalde socialista, José Luis Amérigo, a modificar el texto.

Para la administración autonómica, que sostiene ahora que el paraje es espacio protegido desde 1994 cuando la licencia se concedió en 2003, no procede la inclusión en el acuerdo de pleno de alusiones a "anular y eliminar la clasificación urbanística vigente" o a "efectos sobrevenidos al planeamiento vigente" por la directa aplicación de la normativa ambiental del parque natural Cabo de Gata-Níjar.

Posteriormente, con el cambio en el gobierno en la corporación local carboneras, el nuevo alcalde, Felipe Cayuela (PP), se alineó con la posición de la Junta y llevó a un pleno convocado en noviembre una enmienda al acuerdo para suprimir esas expresiones que, sin embargo, no salió adelante debido a los votos desfavorables de los cinco ediles del PSOE, y la abstención de los concejales de Ciudadanos y del edil no adscrito.

EL TSJA NO VE "NULIDAD EVIDENTE" EN LA MODIFICACIÓN HECHA POR EL PSOE

En su auto, contra el que cabe recurso de casación al Tribunal Supremo (TS), la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA indica que estimar la medida cautelar interesada por la Junta y suspender la vigencia de la desclasificación urbanística del Algarrobico en el PGOU supone "prejuzgar el fondo del asunto".

Destaca que la "nulidad que invoca" el Gobierno andaluz "no es ostensible, evidente y manifiesta", y apunta que tampoco "aparece con la suficiente entidad como para poner en entredicho la presunción de legalidad que tiene todo acto administrativo".

"No es ya que la nulidad alegada no sea manifiesta sino que el propio planteamiento del recurrente parte de la necesidad de proceder a interpretar la redacción del acuerdo, lo que constituye justamente el fondo del pleito, que no puede ser decidido en este cauce procesal", concluye.