Juicio en Almería a miembros de una asociación cannábica por "venta indiscriminada" de marihuana

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería acoge este martes el juicio contra el presidente de la asociación de cannabis y otros cinco de sus miembros a los que la Fiscalía acusa de la "venta indiscriminada de marihuana y hachís" bajo la apariencia de una forma asociativa con la que se veían amparados para "la libre circulación de droga".

El Ministerio Público tiene previsto pedir siete años de prisión al presidente de una asociación por un presunto delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita al considerar que, junto con otras cinco personas para las que pide seis años de prisión por delitos similares, se dedicaba a la "venta de estupefacientes"

Según recoge el escrito, consultado por Europa Press, los acusados "de común acuerdo" y "en una división de funciones concertadas", habrían mantenido la venta "al menos desde noviembre de 2014" a consumidores que "a diario" acudían a las instalaciones de la asociación "para proveerse", de modo que en unas ocasiones consumían las drogas en las dependencias de la asociación --una nave industrial--, y en otras las adquirían y se marchaban con ellas.

La asociación, que contaba con más de 2.000 miembros registrados, se había inscrito en el registro de asociaciones de Andalucía en diciembre de 2011 y, con carácter provincial, estaba clasificada como de "Defensa de la naturaleza" subclasificada como "Naturismo y Medicinas Alternativas".

Según sus estatutos, tenía como fin informar y formar sobre los usos terapéuticos del cannabis, asesorar a sus socios, promover el debate social y "hacer valer los derechos constitucionales de sus asociados", entre otros.

No obstante, aunque la asociación establecía que "en ningún caso" tenía por objeto "la promoción del consumo ilegal de cannabis sativa o cualquier droga tóxica", la Fiscalía señala que al mismo tiempo establecía como finalidad "facilitar a sus miembros, pacientes usuarios del cannabis, el acceso a esta sustancia de una manera legal, controlada y responsable, con carácter personal e individualizado, pero en las mejores condiciones posibles de accesibilidad".

En cualquier caso y según el Ministerio Público, los acusados entre los que se encuentran la tesorera, el secretario, un portero, una encargada de bar y un encargado de mantenimiento; "obtenían las sustancias que dedicaban a la venta de ignorados proveedores, careciendo de cualquier autorización administrativa para la producción y distribución de la misma".

ACTUACIONES POLICIALES

La Fiscalía recopila además siete actuaciones policiales en el entorno de la sede que tuvieron lugar entre el 24 de noviembre de 2014 y el 9 de enero del año siguiente, algunas de ellas el mismo día, en las que los agentes se incautaron de pequeñas cantidades de hachís y marihuana en bolsitas que previamente habían sido adquiridas por sus portadores en la asociación.

Así, el 15 de enero, bajo autorización judicial, se practicó la entrada y registro en la asociación ubicada en el Camino de la Goleta, donde se encontraron a los acusados y a unos 17 socios, la mayoría consumiendo marihuana. El registro se saldó con la aprehensión de 15.218,82 gramos de marihuana en distintos grados de tetrahidrocannabinol (THC), esto es, el principal constituyente psicoactivo del cannabis; además de otros tipos de estupefacientes en menor cantidad.

La venta por gramos de la droga habría alcanzado un valor estimado en el mercado de 71.904,95 euros, según la calificación fiscal, en la que señala que también se intervino 1.670 euros "procedente de la actividad ilícita" durante el registro en el que se hallaron habitaciones destinada "al parecer" al cultivo con plantas y esquejes --algunas con 200 plantas--, así como varias cajas fuertes en las que se guardaban dosis ya repartidas en bolsitas.

Por todo ello, la Fiscalía también pide para todos los acusados una multa de 18 meses con una cuota diaria de 15 euros y, para el presidente en concreto, añade la inhabilitación especial para cargo o empleo público durante diez años, más una multa de 140.000 euros.