ALMERÍA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un año de cárcel a la mujer acusada de cobrar durante 16 años la pensión de jubilación de un fallecido y apropiarse así de más de 108.000 euros.
M.L.S.A. ha reconocido los hechos que se le imputaban en el acto de juicio celebrado este lunes en la Sección Tercera y ha mostrado conformidad con la pena interesada por el fiscal, que ha modificado el escrito de calificación provisional en el que pedía una condena a tres años y seis meses de prisión.
Al margen de la pena privativa de libertad, la acusada ha sido condenada al pago de una multa de seis meses a razón de dos euros al día, frente a los 12 meses con una cuota diaria de diez euros que solicitaba inicialmente el Ministerio Público, y al abono de una indemnización de 77.000 euros como autora de un delito de apropiación indebida.
M.L.S.A., de 55 años, era cotitular de la cuenta corriente del fallecido, quien era beneficiario de una pensión de jubilación procedente de incapacidad permanente absoluta. En concreto, la pensión, con una base reguladora de 66,97 euros, era ingresada en la mencionada cuenta desde febrero de 1976.
El citado beneficiario falleció en enero de 1997 pero el hecho no fue comunicado o constatado de cualquier forma por la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina, por lo que se continuó ingresando la pensión en la cuenta corriente.
De este modo, la mujer, con el "exclusivo propósito de obtener un beneficio patrimonial propio y a sabiendas de la ilicitud de su actuación", extrajo periódicamente el importe de la pensión de la cuenta y lo incorporó a su patrimonio.
Así lo hizo desde febrero de 1997 hasta enero de 2013, fecha en que la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina tuvo conocimiento del deceso.
La cuantía total de las pensiones abonadas fue de 108.698,63 euros si bien la entidad bancaria donde se depositaban ha reintegrado 35.198,54 euros correspondientes a los abonos realizados en la cuenta durante los últimos cuatro años. El fiscal interesaba que la acusada abonase una indemnización de 73.500,09 euros.