Libertad provisional para uno de los siete detenidos en Mojácar (Almería) por presunta compra de votos por correo

ALMERÍA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera (Almería) ha dejado en libertad provisional a uno de los siete detenidos este miércoles en la presunta trama de compra de votos por correo en el municipio de Mojácar (Almería) tras la intervención de la Guardia Civil y de la UCO, que dio lugar también a decenas de registros y tres investigados.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que el primero de los arrestados que ha comparecido ante el juez ha quedado en libertad con cargos investigado por un presunto delito de fraude electoral bajo la obligación de comparecer en el juzgado cada vez que sea citado en el marco de la investigación.

Así, está previsto que durante la jornada de este viernes sean puestos a disposición de la autoridad judicial el resto de detenidos e investigados, entre ellos los 'número 2' y 'número 5' de la lista del PSOE a las elecciones locales del 28 de mayo, Francisco Bartolomé Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno González, respectivamente, quienes concurrían por primera vez bajo la siglas socialistas a los comicios. La causa sigue bajo secreto de sumario.

El juez que investiga la presunta compra de votos en Mojácar (Almería) autorizó la intervención del teléfono de, al menos, uno de los siete detenidos por agentes de la UCO de Guardia Civil; en concreto, el de Cristóbal Vizcaíno, quien concurre como independiente en la lista del PSOE y aparece señalado directamente con nombre y apellido en la denuncia que se interpuso el pasado 14 de abril por parte la alcaldesa mojaquera, Rosa María Cano (PP), y que ha sido el germen de la operación.

Fuentes del caso han indicado a Europa Press que varios personas han ido acudido este jueves a las dependencias de la Policía Local de Vera (Almería), donde ha establecido la UCO el que es su centro de operaciones, para prestar declaración en calidad de testigos a raíz de las revelaciones obtenidas por los investigadores de las escuchas telefónicas y de la documentación incautada en la decena de registros domiciliarios practicados.

Buena parte de las pesquisas se han orientado a esclarecer los contactos que durante estas semanas los principales sospechosos han mantenido con vecinos del municipio, en ocasiones acompañados también militantes o simpatizantes socialistas, a fin de determinar si se condicionaba la emisión de votos por correo a cambio de beneficios.

Las actuaciones, que se mantienen secretas aunque está previsto que el juez instructor revoque esta decisión en las próximas horas, se han prolongado durante un mes en las que se han practicado numerosas diligencias encaminadas a constatar si se esta produciendo o no fraude electoral en este municipio y que han recabado "indicios claros".

La denuncia que firma Rosa María Cano, quien concurre en estos comicios locales como número 2 y no repite optando a la Alcaldía de nuevo, indica que habría tenido conocimiento de los hechos que ahora están judicializados a través de varios vecinos de la localidad.

La presunta trama desarticulada por la Guardia Civil en Mojácar con siete detenidos y tres personas más investigadas trataba de captar votos por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano, según los datos que han trascendido de la operación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Entre los detenidos, además de Francisco Bartolomé Flores --número 2 en la lista del PSOE e hijo de un ex alcalde y ex senador socialista -- y Cristóbal Vizcaíno, constan seis personas de nacionalidad española, mientras que también figuran ciudadanos nacidos en Paraguay, Colombia y Ecuador que habrían actuado como mediadores.

En los registros, los investigadores se han incautado de votos por correo y también de listas censales en las que estaban marcados los nombres de determinados ciudadanos, dentro del material que ahora está siendo analizado por los agentes del Instituto Armado. De momento, no se prevén nuevas detenciones o imputaciones, aunque serán las declaraciones y el estudio de la documental intervenida los que determinen los nuevos pasos a seguir en la instrucción.

Según fuentes de caso, los implicados en la trama habrían estado ofertando cifras que rondan los 100 euros, aunque en algunos casos la cifra se elevaría a 200 euros, dirigidas a personas de bajo poder adquisitivo, entre ellos principalmente ciudadanos de origen latinoamericano. También hay indicios que apuntan a otros compromisos a cambio del voto, como facilitarles un empleo tras las elecciones municipales.