El macrojuicio del caso 'Poniente' por presunta corrupción en El Ejido (Almería) arrancará el 4 de noviembre

ALMERÍA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vista oral por el caso 'Poniente', que debe enjuiciar la presunta trama de corrupción política y empresarial en torno a la empresa Elsur participada por el Ayuntamiento de El Ejido (Almería) y la multinacional Abengoa, arrancará el 4 de noviembre en la Audiencia Provincial con 50 acusados para los que se pide un total de 1.545 años de prisión, 99 de inhabilitación para cargo público por 14 tipos delictivos y multas que ascienden en global a 884 millones de euros.

El auto de admisión de prueba de la Sección Tercera, consultado por Europa Press, indica que el macrojuicio debe celebrarse entre el 4 de noviembre de 2019 y el 16 de julio de 2020, por lo que arrancará diez años después de que la Policía Nacional interviniese en el ayuntamiento ejidense y procediese a la detención de 20 personas, entre ellas quien era alcalde, Juan Enciso (PAL), el interventor José Alemán y varios empresarios claves en la supuesta trama.

El tribunal alude a la "complejidad" de la causa, con un "importante" número de acusados y de letrados, así como de testigos y de peritos solicitados por las partes y admitidos por el tribunal para establecer este tramo temporal, a lo que añade la existencia de asuntos ya señalados con anterioridad, que han de continuar su previsto y adecuado curso, y la necesidad de que se produzca "el mínimo entorpecimiento en la marcha de la sección".

Así, da a las partes tres días para que pongan en conocimiento del tribunal la eventualidad de coincidencia de señalamientos que les afecten y señala que la distribución de la prueba, en las diferentes sesiones en las que se desarrolle, se fijará en una resolución aparte "teniendo en consideración la prioridad de otras causas y el tiempo que fuere preciso para las citaciones y comparecencias de los peritos y testigos".

Con respecto a la nulidad de actuaciones y petición de prescripción planteadas por algunos de los principales acusados, señala que esto debe formalizarse como cuestión previa al inicio del juicio oral, conforme a lo preceptuado en el artículo 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

CUESTIONES PREVIAS

Estas cuestiones previas hablan de que el procedimiento, "está viciado por ser resultado de una pesquisa general, fruto de una investigación prospectiva generalizada y prohibida constitucionalmente", de una prolongación "excesiva" del secreto sumarial "sin causa que lo justificara y causando indefensión" o de la prescripción de los delitos fiscales.

Argumentan, asimismo, que se habría producido "ruptura de la cadena de custodia", dilaciones indebidas, y que hubo detención "irregular" que derivó en ingresos provisionales en prisión.

El macrojuicio, inédito en proporciones en la provincia, ha obligado a hacer reformas en el Palacio de Justicia para acoger con garantías el proceso. Así, se va a habilitar una gran sala en la segunda planta, se cambiará el mobiliario, el sistema de grabación, y de audiovisuales. Para el seguimiento del juicio se va a habilitar una cámara mediante circuito cerrado de televisión que permita un seguimiento a la prensa en una dependencia anexa.

"SAQUEO" DE CASI 71,5 MILLONES DE EUROS

La presunta trama de corrupción política y empresarial en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido y la multinacional Abengoa, habría detraído de las arcas públicas del consistorio casi 71,5 millones de euros entre los años 2002 y 2009 bajo una red en la que también estaría implicado el exinterventor municipal José Alemán, quien también se enfrenta a 64 años de prisión.

La acusación que el Ministerio Público indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó "orquestando la creación" de una red de sociedades que se dedicaban a "subcontratar" con la empresa mixta Elsur con "una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública".

La Fiscalía Anticorrupción sitúa en el epicentro de la presunta trama para "aprovechamiento ilícito" al grupo empresarial Abengoa como socio privado de Elsur, con un 30 por ciento del accionariado, y le acusa de haberse apoderado de poco más de 31 millones de euros con "sobrefacturación", todo ello, según remarca, "con la connivencia" del exalcalde y del exinterventor municipal.

En total, entre 2002 y 2009 se facturó al consistorio ejidense 232,6 millones de euros de los que 31 millones de euros correspondieron a "sobrefacturaciones" de los distintos grupos empresariales y sus propietarios, entre ellos José Amate o Juan Antonio Galán, para el que pide la máxima pena de 174 años de cárcel.

El Ministerio Público calcula que el grupo de empresas controlado por el primero sobrefacturó 24,7 millones de euros, habiendo obtenido un beneficio del 53,49 por ciento con el que los 13 acusados vinculados al citado grupo han conseguido reunir un importante patrimonio inmobiliario, tanto rústico como urbano.

Mientras, el grupo empresarial vinculado a Galán, sobrefacturó presuntamente a Elsur, "aumentando el perjuicio patrimonial sufrido en detrimento de las arcas municipales", 15,6 millones de euros, "habiendo obtenido un porcentaje de beneficio del 48,21 por ciento, muy superior al que hubiera sido normal si no se hubieran aumentado artificialmente los costes de la subcontratación".

Asimismo, el grupo Abengoa supuestamente llevó a cabo mediante un entramado de sociedades una "sobrefacturación" en concepto de "gastos de apoyo a la gestión y el asesoramiento", ya que, tal y como destaca el fiscal, eran servicios "que en realidad no se prestaron pues no constan actas de reuniones de seguimiento, informes, estudios o documentos en los que se ponga de manifiesto la veracidad de los mismos y tenían como única finalidad el apoderamiento ilícito por parte del socio privado de unos fondos que sabían que era de naturaleza pública, incrementando de esta manera los costes de Elsur para así justificar ante el Ayuntamiento el incremento de los precios en beneficio propio".

PRINCIPALES DEFENSAS

En su escrito de defensa, el exalcalde de El Ejido Juan Enciso sostiene que el "daño" que el procedimiento judicial le ha infringido "ha sido y es brutal" al tiempo que afirma que no existe causa alguna por presunta corrupción "en este país donde las consecuencias personales hayan sido tan devastadoras".

"Está claro que a Enciso y a su entorno familiar, como consecuencia de este procedimiento, se le ha provocado una especie de muerte civil, primeramente apartándolo de la vida pública, para, posteriormente, asfixiarlo económicamente a él y a su familia", señala el abogado Francisco Torres, que entiende que el exalcalde y su familia han sido víctimas "de acoso y derribo" y remarca la "dureza" de estar en prisión "los muchos meses que estuvo". "Es una persecución en toda regla", considera.

Por su parte, el ex interventor municipal de El Ejido (Almería) José Alemán, sostiene que es "totalmente incierto" que percibiese "prebenda alguna" de las empresas que realizaron trabajos para la empresa mixta Elsur y asegura que sus responsabilidades se "limitaban" a ser "uno más de los consejeros" ya que se trataba de una "empresa privada, no sometida ni a control ni contabilidad pública".

Muestra su "total oposición" a la relación "plagada de errores" de hechos efectuada por las acusaciones "por no corresponder con lo instruido ni con la realidad de los hechos" pero nada dice para explicar el origen del millonario patrimonio que la investigación judicial atribuye a Alemán haber amasado en este tiempo aunque sí cuestiona duramente su enjuiciamiento. La defensa alude, asimismo, a la existencia de una causa general.