ALMERÍA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha trasladado este lunes que se ha hecho "todo lo que se podía hacer y más" en aras de solucionar el conflicto en el sector de la estiba y ha asegurado que el Gobierno confía en que las fuerzas políticas den "luz verde" a la propuesta efectuada por el mediador en una "cuestión tan sencilla como es cumplir una sentencia".
A preguntas de los periodistas en Almería, De la Serna ha señalado que la "responsabilidad" del Gobierno y del Congreso es cumplir esa sentencia "lo antes posible" para evitar "la sanción que ya está cayendo de 125.000 euros al día que tenemos que pagar el conjunto de los españoles".
"La propuesta del mediador no es la propuesta del Gobierno pero incluye una serie de cuestiones que benefician a patronal y a trabajadores que no formaban parte de la propuesta del Gobierno pero que aceptamos y que, incluso, nos comprometemos a elevarlas al desarrollo reglamentario para que quede claro que nuestro compromiso es máximo", ha remarcado.
El ministro, quien ha recordado que la mediación llegó "una vez constatado que era imposible llegar a un acuerdo" y que la obligación de subrogación por ley que exigían los sindicatos "no era posible" según comunicó la Comisión Europea, ha señalado que el ejecutivo que preside Mariano Rajoy ha sido "extraordinariamente generoso" con la orden de ayudas "puesta encima de la mesa".
"Creo que en pocos procesos de reconversión el Gobierno ha puesto encima de la mesa tantos millones, hasta 120, para poder facilitar el acuerdo entre empresarios y sindicatos", ha reivindicado.
Al hilo de esto, ha afirmado que la propuesta hecha desde la patronal para que las prejubilaciones se extendieran más allá de cuando se produjese la reconversión "hasta un dimensionamiento de la plantilla" y, "sobre todo", que el diferencial entre el salario de un trabajador recién contratado y el salario actual de un estibador "es del todo inasumible para este y para cualquier otro gobierno".
"No estamos hablando de 120, 130 o 150 millones de euros sino que hablamos de 2.450 millones de euros, lo que supone, además, un hecho absolutamente discriminatorio para el conjunto de los trabajadores de este país", ha apuntillado para concluir que entiende que este tipo de planteamientos "puedan realizarse desde el ámbito empresarial pero el Gobierno tiene que tener responsabilidad para hacer frente a un volumen de ayudas que impone".