PP de Cantoria (Almería) lleva este lunes a pleno el incidente entre su portavoz y el marido de la alcaldesa

ALMERÍA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Cantoria (Almería) va a llevar al pleno de la corporación de este lunes el incidente registrado en abril de 2016 entre el asesor municipal y marido de la alcaldesa del PSOE, Antonio Cerrillo, y el portavoz 'popular', José María Llamas, para exigir que se aporte al juzgado que instruye la causa penal un acta "detallada" de lo que pasó ese día en el salón de plenos.

Cabe recordar que Llamas interpuso una denuncia ante la Guardia Civil contra Cerrillo después de que este irrumpiese presuntamente en el pleno para increparle al grito de "gilipollas" hasta que fue desalojado por la Policía Local por orden de la regidora, Purificación García, y que esta denuncia fue remitida a un juzgado de instrucción de Huércal-Overa, que incoó diligencias previas.

Según ha indicado a Europa Press el abogado del portavoz del PP, José Manuel Urquiza, se van a elevar varios escritos en los que se pide que se "amplíe" un acta elaborada por el secretario municipal en el que se cita "de forma escueta, casi de pasada" el citado incidente para que, entre otros extremos, se identifique "a la persona que lo provocó, que no fue un cualquiera, sino un empleado municipal".

"Vamos a pedir que se rectifique ese acta y que sea fiel a la gravedad de los hechos que se produjeron ya que se refieren y afectan a un concejal y, por tanto, representante público que habría sido objeto de coacciones por parte de este señor", ha precisado Urquiza.

Por su parte, Llamas ha lamentado en declaraciones a Europa Press la tardanza en aportar el citado acta al juzgado ya que la ley "fija un plazo máximo de seis días y los hechos a los que nos referimos pasaron el 28 de abril de 2016". "Hay testigos y grabación de los hechos así que no entendemos porque en el acta no se refleja", ha remarcado.

En su denuncia ante la Guardia Civil, el portavoz del PP relató que temía "por su integridad y la de su familia" ya que Cerrillo supuestamente habría repetido este comportamiento con anterioridad, "insultándole y amenazándole en la calle", y definía al denunciado como una persona "agresiva, que es cazador", por lo que, según sostenía, temía que, "en un arrebato, pueda amenazarle o llegar a más con un arma de fuego".

Los hechos puestos en conocimiento de la Guardia Civil se registraron presuntamente unos 50 minutos después de que comenzará la sesión plenaria del Ayuntamiento de Cantoria.

Según recoge la denuncia, Cerrillo, quien fue retirado de la candidatura a la Alcaldía por el PSOE poco antes de las elecciones de mayo de 2015 tras una denuncia de la Guardia Civil por infracción administrativa, entró en el salón, se sentó en los bancos y, una vez "acomodado, comenzó a mirar" a Llamas, "insultándole, diciéndole cosas del tipo gilipollas", al tiempo que comenzaba "a dar voces, reprochándole varias cosas que no tenían nada que ver con los asuntos tratados en el pleno".

A continuación, el portavoz del PP habría instado a la alcaldesa, "que es mujer de Cerrillo", para que le pidiese que "dejara de insultarse, apelando a que es un cargo público elegido democráticamente", por lo que ella le recriminó en hasta dos ocasiones "hasta que, finalmente, tuvo que ser desalojado del pleno por parte de la Fuerza Pública".

En su denuncia, Llamas, que informaba de la presencia de testigos y pedía que se adjuntase la grabación de la sesión, detallaba que el asesor "llegó al salón con síntomas de estar bajo los efectos del alcohol o drogas, ya que se encontraba muy alterado y fuera de sí" y remarcaba que se "vuelve agresivo, sobre todo cuando consume sustancias psicotrópicas y alcohol".

"POR ARROPAR A TRABAJADORES DESPEDIDOS POR NO SER AFINES AL PSOE"

El concejal 'popular' atribuyó entonces ese comportamiento a que el PP había salido en defensa y "arropado" en sus pleitos contra el Consistorio a tres trabajadores municipales que fueron despedidos "nada más tomar el PSOE posesión como equipo de gobierno".

"Son tres trabajadores cualificados pero que ellos no consideraron afines, a los que se prohibió usar los ordenadores, y a los que se despidió sin razón ninguna alegando que su contrato era ilegal cuando hay 12 empleados municipales en la misma situación", explicó para señalar que los afectados junto al PP habían ganado cuatro de los procedimientos judiciales al declararse los despidos nulos y ordenarse indemnizar y readmisión.