La sala dice que no puede decidir si delitos fiscales de 'Poniente' han prescrito hasta sentencia

Anticorrupción y Abogacía del Estado sí apreciaron parcialmente prescripción tras las cuestiones previas de las defensas

ALMERÍA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de la macrocausa 'Poniente' que enjuicia una presunta trama de corrupción municipal y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) entre 2002 y 2009 ha concluido que no se puede decidir sobre si han prescrito los delitos fiscales como sostienen las defensas y han estimado en parte la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado hasta que se celebre la vista oral y se pronuncien las partes en conclusiones definitivas para saber cuál es el delito más grave.

"Sólo en ese momento podrá fijarse con claridad el plazo de prescripción del conjunto punitivo enjuiciado", traslada al tiempo que recuerda que, además de los delitos contra la Hacienda Pública, se aperturó juicio oral por otros delitos "más gravemente penados, algunos de ellos continuados, y cuyo plazo de prescripción se extendería a 15 años como es el caso de la malversación o el cohecho".

El auto en el que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial resuelve las cuestiones previas planteadas en febrero de 2020, emplaza a la sentencia para determinar la "eficacia interruptiva de la prescripción" de varias providencias de 2011 cuestionadas por los abogados de los acusados, o de "cualquier otra actuación o resolución, distinta de estas, que pudieran incidir en la prescripción o no de los delitos".

Cabe recordar que, en ese mismo trámite de cuestiones previas, la Fiscalía Anticorrupción sí consideró "justificada" la alegación hecha por las defensas y decidió retirar acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 por estar prescritos y rebajo las penas interesadas, en algunos casos en más de la mitad, para los principales acusados.

Mantuvo, no obstante, los delitos fiscales respecto a los ejercicios entre 2006 y 2009 ya que la prescripción quedaría "interrumpida" por una providencia del juzgado instructor de 2011 por la que las "partes tuvieron suficiente información" como para "pensar que la investigación también iba dirigida contra ellos también por delito fiscal".

La Abogacía del Estado también retiró la acusación con respecto a los delitos fiscales de 2003 y 2004 por los mismos motivos.

Tras las modificaciones, el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, y el exinterventor municipal José Alemán, entre otros enjuiciados, vieron rebajada la petición de penas de prisión de 64 años a 40 años y la cuantía de las multas solicitadas por el Ministerio Público de 49 a 23,2 millones de euros.

En total, se les atribuye la presunta comisión de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad de cooperadores necesarios, un delito de cohecho pasivo propio continuado y un delito de prevaricación continuada.

En el caso del empresario sevillano José Amate, que da nombre a uno de los grupos en los que la Fiscalía Anticorrupción divide la presunta trama corrupta, la petición de penas de prisión suma 37 años de cárcel frente a los 97 años a los que se enfrentaba inicialmente mientras que las multas pasaron de 65,9 millones a 29,2 millones de euros.

Para José Antonio Galán, empresario madrileño responsable de varias de las mercantiles que subcontrataban de manera supuestamente fraudulenta con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), señalada como eje sobre el que giraba la presunta trama que saqueó las arcas locales de El Ejido, se interesan ahora 94 años de cárcel frente a los 174 solicitados inicialmente y multas por valor de 22 millones de euros frente a los 42 millones de euros recogidos en el escrito provisional de acusación fiscal.

En el caso del empresario Jesús Aragón, la rebaja fue notable al pasar de 85 a 21 años de cárcel mientras que la petición de multa queda en 500.000 euros frente a los 43,2 millones de euros a los que se enfrentaba inicialmente, mientras que para el también empresario Ambrosio Cuevas se pasó de 73 a 25 años de cárcel y de 42,5 a 1,5 millones de euros.

Especialmente significativa es la situación en la que ha quedado tras la retirada de la acusación por delitos fiscales la acusada Isabel Carrasco, esposa de José Alemán. Frente a los 85 años de cárcel a los que se enfrentaba provisionalmente, la Fiscalía Anticorrupción le pide ahora nueve años de prisión. No se le pide pena de multa pese a que en el escrito de calificación provisional se solicitaba un montante total de 19 millones de euros.

DESESTIMA LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES PREVIAS

En el auto de 8 de enero en el que se resuelven las cuestiones previas en un juicio que ha visto suspendido este lunes de nuevo su reanudación debido a 14 ausencias, nueve de ellas por casos de covid-19 entre acusados y abogados, el tribunal inadmite la totalidad de cuestiones previas planteadas.

Hace excepción con las que quedan pospuestas a sentencia, previa valoración de la prueba que se practique en sala, e insta a las partes a que las reiteren en las conclusiones definitivas. Asimismo, acuerda admitir en su integridad los documentos aportados por las partes.

Las defensas se centraron en pedir la incorporación de prueba encaminada a "probar" que la facturación de las subcontratas a la empresa mixta Elsur, con participación del Ayuntamiento ejidense y la multinacional Abengoa, "fue real".

Según la acusación, la presunta trama habría detraído de las arcas públicas del consistorio casi 71,5 millones de euros entre los años 2002 y 2009 con la "creación orquestada" de una red de sociedades que se dedicaban a "subcontratar" con Elsur con "una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública".

En total, se facturó al consistorio ejidense 232,6 millones de euros de los que 31 millones habrían correspondido a "sobrefacturaciones" de los distintos grupos empresariales y sus propietarios.

El auto notificado a las partes rechaza también todas las testificales propuestas aunque admite seis nuevas periciales cuyas comparecencias fija para mayo, si bien el calendario ha de ser modificado tras la suspensión del este martes y la previsión de que se retome la vista oral que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce contra 43 persones el 26 de enero.