El TSJA insiste al Ayuntamiento de Carboneras por la revisión de licencia del Algarrobico tras el último pleno fallido

ALMERÍA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha solicitado al Ayuntamiento de Carboneras, en Almería, nueva información sobre el grado de cumplimiento de las sentencias respecto al hotel de Azata del Sol en El Algarrobico tras el pleno municipal fallido en el que no pudo salir adelante una corrección del PGOU que facilitaría declarar nula de pleno derecho la licencia de obras.

La sala recuerda el escrito remitido por el alcalde, Felipe Cayuela, el pasado mes de octubre en el que anunciaba que iniciaría la revisión de oficio, a la que está obligado por una sentencia firme, y en el que comunicaba que, previamente, enmendaría el acuerdo de la anterior corporación que calificaba el suelo como "no urbanizable de especial protección", tal y como han demandado la Junta de Andalucía y los colectivos ecologistas.

En una diligencia de ordenación, consultada por Europa Press, el TSJA da plazo al consistorio para que se explique y alegue ante la petición de Greenpeace para que continúe con la "ejecución forzosa" de la sentencia debido a "una ausencia de voluntad" municipal para cumplirla.

Greenpeace reprochó, asimismo, que en el pleno fallido de 29 de noviembre tampoco se incluyó en el orden del día la apertura del expediente para la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de Azata del Sol concedida en 2003 y cuya anulación es "preceptiva" para que sea posible la demolición.

Cabe recordar que la ejecución forzosa quedó suspendida por resolución de la sala el día 8 de noviembre para "estar a la espera" de que lo que acordase en el pleno carbonero y de comprobar si el consistorio finalmente llevaba a cabo lo anunciado en su escrito por el alcalde.

El TSJA traslada, asimismo, que, una vez reciba las alegaciones solicitadas al Ayuntamiento de Carboneras, procederá a resolver sobre si retoma o no y en qué términos esa ejecución forzosa.

El pleno rechazó a finales de noviembre a la propuesta del equipo de Gobierno del PP para introducir la rectificación que exige la Junta de Andalucía en el acuerdo que desclasificó como urbanizable en el planeamiento urbanístico el suelo del Algarrobico en el mes de abril, bajo mandato del PSOE.

La enmienda, que supone el reconocimiento implícito de que el paraje es espacio protegido desde 1994, fecha de entrada en vigor de la normativa ambiental que rige en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, se desestimó con los votos desfavorables de los cinco ediles del PSOE, y la abstención de los concejales de Ciudadanos y del edil no adscrito.

La Junta le hizo un requerimiento previo al Ayuntamiento carbonero para que hiciese la corrección, pero, ante la falta de respuesta y ya con nuevo alcalde, el Gobierno andaluz decidió en septiembre tomar la vía contencioso-administrativa en el TSJA.

La propuesta rechazada por la corporación suprime del anterior texto por el que se anuló el sector urbanístico ST-1 o Algarrobico las alusiones relativas a "anular y eliminar la clasificación urbanística vigente" y la expresión "por efectos sobrevenidos al planeamiento vigente de directa aplicación por la legislación sectorial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, por el que se precisan los límites del citado Parque Natural".

La nueva redacción se "limita" a recoger "formalmente" en el PGOU de Carboneras "la clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable de especial protección con grado C1 o Áreas naturales de interés general, ratificado por Sentencia del TSJA 2000/2016, confirmada por el TS mediante sentencia 634/2018 de 19 de abril de 2018".

El Tribunal Supremo determinó en la sentencia de 2023 cuya ejecución insta Greenpeace que para que los terrenos del Algarrobico sean "devueltos a su estado originario, que debió mantenerse inalterable", es necesario antes revisar la licencia de obras para, así, "garantizar el interés económico, social y jurídico de las partes implicadas".

Si el ayuntamiento declara nulo el permiso municipal que se concedió en 2003, el siguiente paso natural es la incoación de un expediente de demolición sobre la edificación de una veintena de plantas y 411 habitaciones de Azata, que mantiene vivas las reclamaciones por responsabilidad patrimonial ante los tribunales.