GRANADA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
Granada ha acogido este jueves la presentación del Anteproyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam), un acto similar a los que se están programando en cada una de las capitales de provincia andaluzas, con el fin de "difundir el texto legal dada la relevancia que supone la actualización de la normativa".
Así lo ha indicado la Junta en una nota acerca de este marco regulatorio que pretende "modernizar la actuación en materia de sostenibilidad de la Administración autonómica y que se basa en las medidas de simplificación administrativa decretadas por el Gobierno andaluz, aliviando la carga administrativa de las entidades locales".
En el acto, al que han asistido la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez Parrado, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Manuel Francisco García, y la vicepresidenta de la Confederación Granadina de Empresarios y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Granada, Concha de Luna, entre otras autoridades, se ha destacado la relevancia, precisamente, de la apuesta por la simplificación, algo clave para el sector productivo de Granada y del resto de Andalucía.
De hecho, uno de los pilares fundamentales que cimentan la Legam es la reducción de los plazos de tramitación en procedimientos vitales, como las autorizaciones ambientales unificadas (AAU), que pasan de resolverse en ocho a seis meses, y las modificaciones sustanciales, cuyo plazo se reduce de seis a cuatro meses.
El Anteproyecto de Ley prevé que 49 actuaciones que actualmente estaban sometidas a calificación ambiental, que tenían que incorporar la evaluación de impacto ambiental simplificada, se trasladen a autorización ambiental unificada simplificada (AAUS). Este hecho va a permitir aligerar y mejorar la carga administrativa de los ayuntamientos.
Proyectos como plantas solares fotovoltaicas, depuradoras o líneas eléctricas, se beneficiarán de una tracción más ágil gracias a la AAU Simplificada, con un plazo de resolución de cinco meses. Esta medida consolida los avances logrados por el Decreto Ley 3/2024, integrando sus beneficios en un marco legal estable y adaptado a las necesidades del sector.
La Legam pretende modernizar, simplificar y fortalecer la normativa ambiental para responder a los desafíos actuales y futuros en materia de sostenibilidad. Así se ha expresado la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez, durante su exposición explicativa del texto, asegurando que "será un punto de inflexión que permitirá afrontar con garantías los retos del cambio climático, la economía circular y la protección de los recursos naturales, siempre con el objetivo de posicionar a Andalucía como líder en gestión ambiental".
La ley también introduce la figura de la licencia ambiental, que reemplazará a la calificación ambiental actual y será gestionada por los ayuntamientos. Este permiso previo establecerá las condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad de las actividades proyectadas.
Paralelamente, aumenta el número de actividades que podrán gestionarse mediante una declaración responsable, reduciendo aún más la carga administrativa para empresas como talleres de carpintería, panaderías y talleres de reparación de vehículos.
Estas medidas, según Carmen Jiménez, "van a favorecer la implantación de pequeños negocios, la implantación de pequeñas y medianas empresas en los municipios andaluces y, en este caso, granadinos". "Se va a facilitar su desarrollo con garantías ambientales", ha detallado la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, que ha añadido que "en una provincia cuya actividad productiva está tan diversificada, habrá diversos proyectos en distintos sectores que verán incrementada su competitividad".
Más allá de la simplificación administrativa, la Legam introduce mecanismos innovadores para promover la sostenibilidad. Se prevé la creación de un registro de personas interesadas en los procedimientos ambientales, garantizando una mayor transparencia y participación ciudadana. Este enfoque participativo se complementa con la promoción de tecnologías sostenibles, incentivos fiscales y económicos para impulsar la economía verde y el compromiso con la ecoinnovación.
En el ámbito institucional, se establecerá el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, que sustituirá al actual órgano consultivo, promoviendo un diálogo constructivo entre la administración, el sector privado y la sociedad civil. Además, la planificación de inspecciones ambientales plurianuales y la creación de una Estrategia Marco de Medio Ambiente reforzarán la vigilancia y el control ambiental en toda la comunidad.
Por su parte, la vicepresidenta de la Confederación Granadina de Empresarios, Concha de Luna, ha apuntado que la futura Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía va unida a dos conceptos "vitales para la actividad económica" y las empresas, de un lado "agilidad y eficiencia". "La burocracia, los plazos que se eternizan, son enemigos de la inversión", ha asegurado.
"Ni en Andalucía ni en Granada podemos permitirnos perder proyectos empresariales, que van a generar empleo y riqueza, por la complicación de la tramitación administrativa", ha añadido. Por ello, De Luna ha felicitado a la Junta de Andalucía por "una ley que demuestra que el Gobierno autonómico escucha a los empresarios, puesto que busca el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y la protección ambiental".
"Los empresarios creemos en la sostenibilidad, creemos que es un factor de competitividad para la empresa, pero no podemos olvidar que para que haya un desarrollo sostenible tiene que haber desarrollo, y que ese solo es posible gracias a la empresa", ha concluido.
La Junta de Andalucía invita a la ciudadanía y a los sectores productivos a participar activamente en la tramitación de la Legam, aportando sugerencias y propuestas que enriquecen el proceso. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente prevé que, una vez aprobada, esta ley se convierta en un referente a nivel nacional y europeo, equilibrando la protección ambiental con las necesidades del desarrollo económico.