La Junta destina un millón a municipios de entre 50.000 y 100.000 habitantes para luchar contra el cambio climático

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento este martes de la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul destinadas a las entidades locales para el diseño de políticas de lucha contra el cambio climático y la puesta en marcha de planes que lo mitiguen.

La convocatoria de ayudas, en concurrencia no competitiva y dotada con un millón de euros, se destinada a los 17 ayuntamientos andaluces entre 50.000 y 100.000 habitantes, dentro del marco de actuaciones del Plan PIMA Cambio Climático, según una nota de la Junta de Andalucía.

Los ayuntamientos que pueden pedir esta subvención son El Ejido (Almería); Chiclana de la Frontera, La Línea de la Concepción, El Puerto de Santa María, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Motril (Granada); Linares (Jaén); Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena, Estepona, Mijas, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria (Málaga); y Alcalá de Guadaíra y Utrera (Sevilla).

Esta línea de ayudas se suma a los 56 millones de euros que la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha destinado a los ayuntamientos para la gestión de los residuos y a otros 53 millones de euros en trámite de concesión también a los municipios.

Las ayudas consistirán en un porcentaje de subvención del 90% de los costes subvencionables de la actuación, con un máximo de 200.000 euros y un mínimo de 58.800 euros por beneficiario.

Sobre los conceptos subvencionables explica el Gobierno andaluz que serán susceptibles de serlo los costes directamente relacionados con la realización, en zonas urbanas y periurbanas, de actuaciones en dos sentidos.

Por un lado, las destinadas a atenuar el efecto isla de calor urbana, como la adaptación de edificios públicos para prevenir el exceso de calor y mejorar la eficiencia energética.

En este sentido, se priorizarán las intervenciones de prevención del calor (como sombreados y cubiertas verdes) y las realizadas sobre los equipamientos utilizados por los grupos más vulnerables como en centros educativos, residencias de ancianos, centros de salud o centros de día para personas mayores.

Por otro lado, también se incluyen las actuaciones orientadas a la prevención de riesgos asociados al cambio climático en espacios urbanos y periurbanos, tales como la mejora de la infraestructura urbana verde y azul, sistemas de drenaje urbano, así como proyectos a escala de barrio que incidan sobre el metabolismo urbano, el incremento de la biodiversidad urbana y la mejora de los hábitats para la vida silvestre, la integración del cambio climático e infraestructura verde en la planificación y gestión urbanísticas o el diseño e implantación de Zonas de Bajas Emisiones.

El plazo de presentación de las solicitudes será el periodo comprendido entre el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto de la convocatoria y el 30 de septiembre de 2023, pudiendo presentar cada municipio una única solicitud.

El Gobierno andaluz entiende que los municipios han de desempeñar un papel muy importante en la lucha contra el cambio climático al estar las autoridades locales en una posición idónea para satisfacer las necesidades ciudadanas y preservar los bienes públicos, incorporar los distintos aspectos de la energía sostenible a los objetivos generales de desarrollo local y permitir a la ciudadanía el acceso a fuentes de energía seguras, sostenibles y asequibles.

Su proximidad a la ciudadanía y su papel como proveedores y/o reguladores de servicios esenciales como la movilidad, la gestión de residuos, o la edificación los convierten en agentes insoslayables en la implementación de cualquier estrategia de lucha contra el cambio climático, incluida aquella que aborde cambios de paradigmas de consumo individual como los requeridos para lograr los objetivos en materia de clima y sostenibilidad.

Desde un punto de vista cuantitativo, los municipios concentran la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la población y de los riesgos asociados al cambio climático.