GRAZALEMA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz) ha autorizado a la Junta de Andalucía para que intervenga en el antiguo cementerio de Benamahoma, donde se pretende exhumar los restos de decenas de personas que fueron represaliadas durante el golpe militar del año 36.
Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la Junta, a petición de ayuntamientos serranos como los de Grazalema o El Bosque o la propia Diputación Provincial, ha decidido que éste sea uno de los lugares en el que se intervenga, a partir de la decisión adoptada antes del verano por el llamado Comité Técnico de Coordinación de Exhumaciones, del que forma parte la propia administración andaluza así como colectivos memorialistas de dilatada trayectoria en la comunidad y representantes de ayuntamientos, diputaciones y la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias).
Los trabajos serán coordinados por un equipo técnico multidisciplinar con amplia experiencia en estos trabajos, dirigido por el historiador serrano Jesús Román. Así lo indica el protocolo de exhumaciones de la Junta de Andalucía de 2009.
Será la propia Junta la que financie la actuación, en colaboración con la Diputación. El Ayuntamiento de Grazalema colaborará también en numerosos aspectos logísticos y normativos del proceso de exhumación.
El alcalde pedáneo de Benamahoma, Manuel Tovar, junto al historiador Jesús Román y el técnico municipal, han visitado el antiguo cementerio (actual parque de la Memoria Histórica) para proyectar el inminente inicio de los trabajos.
"Estas actuaciones se van a llevar a cabo por la petición de casi una veintena de familias de Benamahoma, El Bosque, Prado del Rey y Villamartín, que llevan años reivindicando una sepultura digna para familiares suyos cuyos restos, bajo cal, se encuentran apilados en este lugar".
Tras unas catas realizadas el invierno, los investigadores han puesto de manifiesto que al menos podría haber cuerpos de unas 50 personas. En tres pequeñas intervenciones en apenas varios metros cuadrados aparecieron restos de una decena de personas, lo que certifica la existencia de distintas fosas comunes en este lugar, de acuerdo a lo que habían transmitido muchos mayores que recordaban o incluso presenciaron los crueles actos de represión.
"La presencia de cal y la propia disposición de los cuerpos atestiguan las maneras de proceder de los represores", ha explicado el alcalde del municipio, Carlos Javier García, quien ha subrayado "el máximo interés del Ayuntamiento a la hora de colaborar con este proyecto, dado el empuje de muchos familiares y el feliz encuentro entre tres administraciones convencidas de que es necesario restituir la memoria, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta. A pesar del paso de los años y de llegar muy tarde, vamos a intentar responder a los familiares", ha explicado el regidor.
García ha puntualizado que "los trabajos se desarrollarán en dos fases, que serán continuadas en el tiempo, a lo largo de estos últimos meses de 2017 y principios de 2018. Existe un compromiso institucional de la Junta y Diputación para poder concluir la exhumación completa de estas fosas comunes", ha aclarado.
El regidor ha recordado que "al menos que se sepa, hay entre cuatro y cinco fosas comunes más en el término municipal. Nos gustaría ser capaces de recuperar todos los restos. Es una obligación moral para cerrar unas heridas que no han sanado porque fueron mal tapadas hace ahora ocho décadas".
El Ayuntamiento y la Diputación han hecho además un llamamiento a cuantos vecinos de toda la comarca puedan tener familiares suyos en Benamahoma, que se convirtió "tristemente en un negro epicentro de la represión en la Sierra de Cádiz".
Así, ha apuntado que "hay una veintena de familias que estarán, desde ahora, en directo contacto con los técnicos que exhumarán los restos. Son las familias que no han cesado de solicitar justicia y reparación. Pero hay muchos más restos, y sería un verdadero acto de justicia poder identificar al mayor número posible de víctimas", ha explicado el alcalde.
El objetivo de la administración es que puedan practicarse exámenes de ADN de los restos para intentar identificar a las víctimas gracias a sus familiares vivos, para lo que la Junta se apoyará nuevamente en los novedosos sistemas de la Universidad de Granada, con la que trabaja en esta materia.