El juicio por la perrera de Puerto Real se reanuda con la declaración del dueño

CÁDIZ 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juicio que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz por la perrera de Puerto Real, en el que están acusados el dueño, la directora y un veterinario por un presunto delito de maltrato animal continuado, se reanuda este jueves.

Según han indicado a Europa Press fuentes del caso, la segunda sesión se reanudará con la declaración del propietario de la perrera, acusado de que en la perrera se sacrificaba de manera "indiscriminada" con Mioflex a los animales recogidos.

Por su parte, el abogado de la defensa del propietario --que también lo es de la directora--, Felipe Meléndez, ya anunció que pedirá su libre absolución, argumentando que en el juicio "se discute que fueron o no fueron consciente de cómo se llevaba a cabo la eutanasia de los animales por parte de los veterinarios que en su momento estuvieron contratados por la empresa".

En este sentido, ha añadido que "lo que se está discutiendo si era idóneo o no la forma de llevarse a cabo por parte de los veterinarios la eutanasia de los animales", ya que ha recordado que "era un centro que entre sus funciones estaba llevar a cabo la eutanasia de los animales.

Si era legal o no la forma de aplicarla, ha manifestado que "lo sabrá el veterinario, que es el que conoce cómo tienen que aplicarse los medios oportunos para llevarla a cabo".

Cabe recordar que la organización proteccionista El Refugio denunció los hechos ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en junio de 2007, lo que ha derivado en el procedimiento penal en el que están personados como acusación particular, reclamando un año y medio de cárcel para cada uno de los procesados.

El Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María se encargó de la instrucción de este caso, estimando su titular que el dueño y la directora "conocían el maltrato animal que se producía en la perrera de Puerto Real", e incluso "podría haber existido instrucciones a los veterinarios para utilizar el paralizante muscular para así ahorrar costes".

La organización proteccionista ha venido señalando que en la perrera de Puerto Real se recogían anualmente miles de perros y gatos de varios municipios de la provincia gaditana, los cuales eran presuntamente sacrificados con el mencionado paralizante muscular, que era "inyectado indiscriminadamente" y que ocasionaba una muerte "agónica" por asfixia que podía durar varios minutos en los que el animal estaba consciente.