Inspecciones policiales en locales de juego y apuestas de El Puerto (Cádiz) para evitar la entrada de menores

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha realizado a lo largo de toda la pasada semana una serie de controles e inspección de todos los locales de juego o apuestas de la localidad --bingos y establecimientos recreativos-- con el objetivo de que estos cumplan las prescripciones establecidas en la normativa relativa a la prohibición del acceso y permanencia de menores en estos establecimientos.

En una nota, el intendente Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de El Puerto, David Viñuela, ha señalado que el objetivo es detectar la presencia de menores en este tipo de establecimientos evitando así "ludopatías y adicciones, que en algunas ocasiones incluso provoca absentismo escolar".

Tras haber hecho una ronda por estos locales existentes en la ciudad portuense, el balance es "muy positivo", ya que no se ha registrado "ninguna incidencia", según palabras de Viñuela.

Por su parte, el teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Garay, ha indicado que esta intervención refuerza el Plan de Inspección del Juego y Apuestas aprobado para el ejercicio 2024-2026 de la Junta de Andalucía, que prevé, entre otras cuestiones, revisiones periódicas en todos los locales de juego y apuestas, a efectos de verificar que en los mismos "se controla e impide" el acceso de menores de edad y personas incluidas e inscritas en el registro de control e interdicciones de acceso a los establecimientos dedicados a la práctica del juego.

Además, se ha expuesto que la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, de Salones de Juego y del Registro de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía establecen como infracción "muy grave" el permitir el acceso a los menores de edad a los locales o establecimientos de juego o apuestas, así como permitir su práctica.

Esta infracción puede acarrear multas desde 10.001 hasta 300.000 euros y la adopción de la medida provisional de clausura preventiva del establecimiento.