Intervenidas en el puerto de Algeciras (Cádiz) más de 200 toneladas de residuos contaminantes con destino a África

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Análisis de Riesgos (UAR) de la Aduana de Algeciras (Cádiz), compuesta por guardias civiles y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con el equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Algeciras, ha intervenido, en el marco de la operación 'Boukali', más de 200 toneladas de residuos "altamente contaminantes" que llegaron al puerto de dicha localidad gaditana a través de contenedores marítimos, y que tenían como destino países africanos.

Según ha informado este lunes la Guardia Civil en una nota, las investigaciones comenzaron en el mes de mayo de 2021, cuando los agentes detectaron la existencia de una organización que estaba utilizando rutas de exportación desde el territorio nacional y el resto del continente europeo hacia países africanos, para transportar, en el interior de contenedores marítimos, "grandes cantidades de residuos no descontaminados", lo que suponía "un grave riesgo para el medio ambiente".

La organización compraba en centros de reciclaje o desguaces residuos de "alto valor", como motores de camiones o automóviles, compresores de electrodomésticos, aparatos electrónicos usados y otras piezas industriales que no eran sometidas al pertinente proceso de descontaminación exigido por la normativa vigente, según ha detallado la Benemérita.

Desde el instituto armado relatan que, una vez recopilaban la cantidad suficiente de residuos, la cargaban en un contenedor hasta completar su capacidad total, llegando en algunos casos incluso a superar la capacidad máxima de carga, lo que suponía "un riesgo para los propios buques portacontenedores", según ha subrayado la Guardia Civil, que al respecto ha destacado que se han llegado a intervenir 33 toneladas de residuos en un solo contenedor.

Una vez cargados los residuos, los contenedores se trasladaban mediante buques portacontenedores a países africanos, concretamente, Senegal, Guinea, Nigeria, Ghana y Mauritania, donde los residuos son manipulados por trabajadores "sin ninguna protección", y donde utilizan la quema sin control "para extraer los materiales de interés, liberando a la atmósfera todo tipo de humos y gases contaminantes".

Estos traslados, según continúa la Guardia Civil, incumplían el amplio catálogo tanto de normativa, tanto comunitaria como nacional, en materia de tratamiento de residuos y medio ambiente, no adjuntando ninguna documentación o aportándose en ocasiones certificados de descontaminación "sin validez alguna", a la vez que suponen "un grave riesgo para el medio ambiente, al producirse derrames de sustancias altamente contaminantes como aceites industriales o la fuga de gases refrigerantes".

En cuanto al material intervenido, se han recuperado 588 bombonas de butano y propano propiedad de mercantiles dedicadas a la venta de combustibles que habían denunciado su robo, imputándole por este hecho a los investigados un presunto delito de receptación.

Entre los residuos, también se encontraban multitud de piezas residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), continentes de gases refrigerantes y sustancias peligrosas, que "influyen en el agotamiento de la capa de ozono y el calentamiento global, además de ser perjudiciales para la salud humana si no reciben la gestión y el tratamiento adecuados", según avisa la Benemérita.

Asimismo, se han intervenido cinco vehículos preparados para su exportación que "incumplían flagrantemente" el reciente Real Decreto 265/2021 sobre los vehículos al final de su vida útil.

La cantidad total de residuos contaminantes intervenidos durante la operación ha superado las 200 toneladas, y se ha tomado declaración en calidad de investigados a siete personas, de las que tres son de nacionalidad guineana, dos de nacionalidad senegalesa, una de nacionalidad nigeriana y otra de nacionalidad española.

La totalidad del material intervenido ha sido puesto a disposición judicial, al fin de que se autorice su entrega en un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) para su "oportuna gestión y descontaminación".