Jucil dice que cada operación en Cádiz "supone una escalada de violencia" y AUGC pide mayor protección

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación de Jucil, Agustín Leal, tras la operación contra el narcotráfico realizada esta madrugada en el río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde ha muerto el tripulante de una narcolancha y dos agentes de la Guardia Civil han resultado heridos con contusiones, ha manifestado que "cada operación supone una escalada de violencia". Por su parte, desde la AUGC se ha pedido mayor protección para los agentes y se ha insistido en el reconocimiento como profesión de riesgo con carácter urgente.

Además, en una nota, ha señalado que la colisión que ha tenido lugar la operación de la madrugada de este jueves, "ha dejado a la patrullera Río Irati sin operatividad, un ejemplo más de la situación crítica que enfrentan los guardias civiles que están destinados en Cádiz y el Campo de Gibraltar".

"Con la pérdida de esta embarcación, la Guardia Civil se queda por el momento sin patrulleras operativas en la Comandancia de Cádiz para combatir el narcotráfico y a esto hay que sumarle que nuestros compañeros están sometidos a un estrés brutal y a un riesgo constante de violencia que ya no es aceptable", ha añadido.

Leal ha transmitido el "profundo cansancio" que sienten los guardias civiles que participan en estas operaciones contra el narcotráfico, muchos de ellos afiliados a Jucil. "Nuestros compañeros están realmente agotados, no solo por el peligro al que se enfrentan en cada intervención, sino también por la falta de recursos y de apoyo suficiente", ha afirmado el portavoz de Jucil, que ha añadido que "lo que pasa en Cádiz es muy, muy duro, tanto para ellos como para sus familias."

En este sentido, ha subrayado que "la creciente agresividad de las mafias del narcotráfico en la zona está erosionando el principio de autoridad". "Cada operación supone una escalada en la violencia. La Guardia Civil no puede seguir enfrentándose a mafias armadas y peligrosas sin los medios adecuados, no es solo una cuestión de recursos, sino de voluntad política para defender el orden y la seguridad en nuestras fronteras", ha afirmado.

Asimismo, ha adelantado que Jucil defenderá en los tribunales los intereses de los guardias civiles que han resultado heridos en este incidente y ha exigido a la Administración "que se actúe de forma inmediata y que se dote a los agentes de todos y los más modernos y contundentes medios necesarios para llevar a cabo su misión de manera segura y efectiva".

En cuanto a lo ocurrido, Jucil ha señalado que "pese a que los miembros de la Guardia Civil atendieron de inmediato al ocupante herido de la narcolancha, no pudieron trasladarlo debido a los graves daños que sufrió la patrullera, la cual quedó fuera de servicio por una vía de agua". "Nuestros compañeros hicieron todo lo posible, pero la situación era extrema, la embarcación no estaba en condiciones operativas para ayudar, y tuvieron que esperar la llegada de refuerzos", ha explicado Leal.

PROFESIÓN DE RIESGO

Por su parte, la AUGC ha afirmado que este accidente "es un claro ejemplo de que los guardias civiles, especialmente aquellos destinados a operaciones de alto riesgo, se exponen cada día a peligros extremos en su lucha contra redes criminales violentas y organizadas, como la del narcotráfico y sin embargo, sus condiciones laborales y los beneficios en caso de accidente o incapacidad no están a la altura de los sacrificios que realizan".

En este sentido, ha añadido que a diferencia de otros cuerpos, los guardias civiles siguen sin estar reconocidos oficialmente como profesión de riesgo, lo que "deja a los agentes en una situación de vulnerabilidad tanto en el desempeño de su labor como en términos de Seguridad Social y protección en caso de lesiones".

"Nos resulta inaceptable que los agentes sigan enfrentándose a organizaciones criminales cada vez más peligrosas sin el respaldo adecuado", ha manifestado la AUGC, que ha insistido en que "las condiciones de los guardias civiles en lugares de alta conflictividad deben ser revisadas con urgencia, garantizando el acceso a equipos modernos, tecnología avanzada y formación adecuada que les permita realizar su labor en condiciones óptimas".

Por ello, la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha incidido en exigir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "que asuma su responsabilidad y avance en el reconocimiento de los guardias civiles como profesión de riesgo con carácter urgente".