CÁDIZ, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha asegurado este viernes que "el PP va a tener que dar muchas explicaciones" acerca de las ayudas laborales dadas sin concurso y directamente, como ha admitido el Gobierno central ante a la juez de los ERE, María Núñez Bolaños.
En un acto celebrado en Cádiz, Jiménez Barrios ha asegurado que ahora "hay que recordar a todo el mundo todo lo que se ha escrito y todo lo que ha llovido del asunto de los ERE para enterarnos después de que el Gobierno central ha utilizado el mismo procedimiento que la Junta en los expedientes de regulación laboral".
Además, Jiménez Barrios ha destacado que "hay que poner de manifiesto la confianza absoluta en la honestidad y el trabajo decente de los expresidentes de la Junta", es decir, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El vicepresidente de la Junta ha adelantado que "vamos a asistir a cosas como éstas, como ya ocurrió con la formación. El PP tendrá que empezar a mostrar arrepentimiento" por este tipo de actuaciones.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha elevado un escrito a la juez María Núñez Bolaños en el que reconoce que no realizó ningún concurso público para las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas desde el año 2001 hasta 2011, que se otorgaron por el régimen de "concesión directa".
En un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el director general de Empleo, Javier Thibault Aranda, responde así al requerimiento que le realizó la magistrada el pasado mes de julio para que aportara una relación de dichas ayudas concedidas entre 2001 y 2011, que es el periodo investigado en los ERE.
La juez requirió además al Ministerio que indicara en cuáles de estas ayudas extraordinarias para prejubilaciones "se realizó concurso público", con aportación de la documentación que acredite la celebración de esos concursos públicos "caso de haberse llevado a cabo".
Asimismo, también le reclamó que informara sobre si las ayudas "eran finalmente ingresadas por algún organismo estatal o por la Subdelegación del Gobierno a las compañías de seguros que les indicaban las empresas tomadoras del seguro o la representación sindical, solicitantes ambas de las ayudas, sin realizar ningún tipo de comprobación respecto a si era o no adecuado el coste de la póliza de seguro".