Ministerio de Energía suspende los permisos de investigación de hidrocarburos de 'Tesorillos' y 'Ruedabola' en Cádiz

TARIFA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha declarado la suspensión de los permisos de investigación de hidrocarburos denominados 'Tesorillo' y 'Ruedalabola', en la provincia de Cádiz, por parte de las compañías 'Schuepbach Energy España S.L.U.' y 'Vancast Exploración S.L.'.

Los proyectos denominados 'Tesorillo' y 'Ruedabola' afectaban a varios municipios de la comarca de la Janda y el Campo de Gibraltar, así como a tres parques naturales, como el de la Breña, Alcornocales y Estrecho.

Según una orden que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultada por Europa Press, ambos permisos de investigación de hidrocarburos, que ocupan zonas terrestres y del subsuelo marino, fueron otorgados por el Real Decreto 1771/2010, de 23 de diciembre, y publicados en BOE el 22 de enero de 2011, donde se establecieron las obligaciones del titular a realizar durante los seis años de vigencia de cada permiso.

Tras detallar los pasos dados por las compañías, el Ministerio ha resuelto declarar que los permisos de investigación de hidrocarburos denominados 'Tesorillo' y 'Ruedalabola' han estado suspendidos desde el 3 de octubre de 2013, por causa no imputable al titular, debido a la necesidad de tramitar la evaluación de impacto ambiental previa a la autorización del sondeo previsto en los trabajos comprometidos durante la vigencia del permiso.

No obstante, la suspensión queda sujeta a la condición de que continúe la tramitación del correspondiente procedimiento de autorización, por lo que no surtirá efectos en el supuesto de que el interesado desista voluntariamente de tal tramitación.

Así, se entenderá que el interesado desiste voluntariamente si lo hace antes de que el órgano ambiental resuelva o tras la resolución favorable del órgano ambiental, salvo que resulte acreditado que el desistimiento viene determinado por cualesquiera actos administrativos impeditivos de la obtención de otras autorizaciones indispensables para la ejecución de los trabajos o por otras circunstancias sobrevenidas que, a juicio de la Administración, otorguen justificación bastante al mismo.

ECOLOGISTAS

Cabe recordar que Verdemar-Ecologistas en Acción presentó un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que acordaba los permisos de investigación de hidrocarburos mediante 'fracking' a las sociedades Schuepbach Enegy España y Vancast Exploration en enclaves de La Janda y Tarifa. El colectivo ecologista pedía que se suspendieran de inmediato y que, en todo caso, el proyecto se sometiera a Evaluación de Impacto Ambiental.

En el recurso presentado en febrero de 2013 por Verdemar-Ecologistas en Acción, al que tuvo acceso Europa Press, el presidente de dicha asociación ecologista, Antonio Muñoz, explicaba que autorizar estos trabajos tendría "unas consecuencias nefastas en el Parque Natural de Los Alcornocales y en el Parque Natural del Estrecho y Reserva de la Biosfera".

En este sentido, indicaba que la técnica de la fractura hidráulica para la obtención de gas natural podía "producir alteraciones importantes en los acuíferos de la zona proyectada" --20.676 hectáreas en el Permiso 'Ruedalabola' y 62.028 hectáreas en Permiso 'Tesorillo--, especialmente por la contaminación de sus aguas por el fluido utilizado en el proceso extractivo, que posee "un dos por ciento de productos químicos", siendo una parte de ellos "altamente tóxicos".

El colectivo ecologista puntualizaba en su recurso que la propia actividad de investigación requiere el empleo de la estimulación por fractura, lo que hace que "la simple búsqueda de hidrocarburos, sin necesidad de que vayan a ser rentables y se vayan a explotar, entraña un riesgo ya de por sí inaceptable".

Por ello, reclamaban que se suspendieran todos aquellos permisos de investigación y extracción que se sitúen sobre acuíferos y pedía al Gobierno español que siguiera los pasos de otros gobiernos europeos como los de Francia y Bulgaria, que han prohibido por ley el desarrollo de esta actividad extractiva.