PP-A presenta alegaciones para que la Oficina contra la corrupción no sea "un nuevo chiringuito" de la Junta

CÁDIZ, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha presentado 39 alegaciones al proyecto de decreto de la Junta de Andalucía que crea una Oficina para la Prevención de la Corrupción en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que fue anunciado recientemente por la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, un órgano que "no puede ser un nuevo chiringuito para recolocar a cargos socialistas a través de puertas giratorias".

Así lo ha indicado este domingo en rueda de prensa en Cádiz la portavoz de Empleo del PP-A, Teresa Ruiz-Sillero, que ha presentado el documento de alegaciones a dicho proyecto de decreto, y que ha asegurado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con el modelo elegido para esta oficina pretende "crear una oficina a su medida para silenciar la corrupción de los gobiernos socialistas y que todo quede en casa".

Ha insistido en que "no puede ser un nuevo chiringuito para recolocar a cargos socialistas a través de puertas giratorias; la oficina debe funcionar con la máxima transparencia, y no de tapadillo".

Según informa el PP-A en una nota, la diputada 'popular' ha criticado que la aprobación a través de un decreto es un "silenciador para dificultar la participación de los grupos políticos y los agentes sociales en el diseño"; por lo que Ruiz Sillero ha tenido que presentar las alegaciones "a través del Portal de Transparencia, como cualquier ciudadano puede hacer".

El PP exige que el trámite no sea a través de un decreto, sino de un proyecto de ley, de manera que los grupos "puedan mejorar el proyecto para que de verdad sirva para evitar casos de corrupción; y para que los máximos expertos puedan aportar soluciones en el Parlamento, así como los funcionarios que han destapado casos de corrupción en el Gobierno andaluz".

Igualmente, el PP propone que el sistema de elección de los miembros de la oficina no sea "a dedo, como recoge el decreto, que deja esta función en la Consejería de Hacienda".

Así, Ruiz Sillero ha considerado que debe ser el Parlamento quien elija a sus miembros entre personas independientes, funcionarios con más de 15 años de servicio o afiliados a partidos o sindicatos, y que en los últimos cuatro años no hayan sido altos cargos ni hayan ocupado puestos de libre designación, que fueron los requisitos acordados para la Presidencia del Consejo de Transparencia.

Según la diputada del PP-A, tal y como está planteado este particular en el Decreto que ha presentado la Junta, cualquier consejero recién salido del gobierno puede presidir la Oficina para Prevenir la Corrupción. Además, ha considerado "una barbaridad" que el responsable puede estar diez años en su cargo, plazo que ha limitado "a un máximo de cinco años".

En sus alegaciones, Ruiz Sillero considera necesario que los informes de la Intervención General de la Junta que se envíen a la Oficina de Prevención de la Corrupción se remitan también al Parlamento de Andalucía, para acabar con la "opacidad" en torno a estos documentos.

Del mismo modo, pide que se garantice la protección de los funcionarios que puedan denunciar casos de corrupción en la administración, para evitar casos como los ocurridos esta legislatura de "acoso" a funcionarios de la Junta por presentar denuncias de corrupción. Por otra parte, el PP-A pide que no se investigue a personas privadas.

UNA OFICINA "A MEDIDA" DEL GOBIERNO ANDALUZ

"Se trata de una oficina configurada a medida por el Gobierno socialista, no para prevenir la corrupción, sino para taparla; una oficina del 'chivatazo' donde la persona elegida por Díaz recopile información para luego tapar y evitar futuros escándalos", ha afirmado Ruiz-Sillero, no sin antes remarcar que "los grandes casos de corrupción de Andalucía se han dado en la Junta y en los entes públicos dependientes de la Junta como los ERE, los cursos de formación o Invercaria"

Por último, ha anunciado que el PP enviará este documento de alegaciones a Ciudadanos (Cs) para que se unan a las reivindicaciones 'populares', "en especial a la de su tramitación como un proyecto de ley en lugar de como un decreto".