Sanz dice que Fomento valorará el expediente de la Comisión de Competencia por el acuerdo de la estiba

CÁDIZ 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha afirmado que está en "conversaciones" con el Ministerio de Fomento, que será quien valore el expediente abierto por la Comisión Nacional de Mercados y Competencias (CNMC) a las empresas estibadores y sindicatos para revisar si incumplen la normativa sobre competencia.

Cabe recordar que los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco registraron en julio en el Ministerio de Empleo el acuerdo que alcanzaron el 29 junio, con el que se puso fin al conflicto abierto en el sector desde febrero y a los paros que se estaban registrando en los puertos.

El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, remarcó que el acuerdo avala los dos argumentos que defendía el Gobierno ante el conflicto, esto es, la necesidad de que la estiba cumpliera con la normativa europea y la capacidad de los agentes sociales de pactar en el marco de la negociación colectiva aquellos aspectos de la reconversión, como es el mantenimiento del empleo, que no tenían cabida en la reforma legal.

Los sindicatos del gremio (Coordinadora de Trabajadores del Mar, UGT, CC.OO, CIG y CGT) y Anesco lograron un acuerdo sobre las líneas básicas para empezar a negociar el nuevo convenio colectivo, adaptado a la reforma legal. En virtud del pacto, las empresas aceptan subrogar a los estibadores, pero evitaron que este colectivo les obligara a participar en los centros portuarios de empleo (CPE), las ETT's en las que se convertirán las sagep.

De su lado, los trabajadores de la estiba portuaria aceptaron bajar un diez su salario, que se acometa un ajuste en su colectivo mediante prejubilaciones voluntarias y pactar nuevas formas de organizar el trabajo y turnos en los puertos para mejorar su competitividad.

Ahora, la CNMC ha abierto expediente para estudiar si la mesa negociadora reanudada este septiembre parte de unos compromisos como la subrogación de los trabajadores y el control de acceso a la profesión, supuestamente contrarios a la norma comunitaria.