El Supremo confirma la condena a dos exalcaldes de Rota (Cádiz) por el 'caso Uniformes'

CÁDIZ 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala de los Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz del denominado 'caso Uniformes', ratificando lo dictado por el tribunal provincial, que condenó a ocho de los 20 acusados, entre los que están dos exalcaldes de Rota (Cádiz), Lorenzo Sánchez (RRUU) y Eva Corrales (PP).

La Audiencia Provincial condenó en noviembre de 2016, como principales cabecillas de la trama, al exalcalde Lorenzo Sánchez a un año y medio de cárcel y 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y al considerado "su mano derecha", el exconcejal de RRUU Montemayor Laynez, a la misma pena como autores penalmente responsables de un delito continuado de prevaricación y de un delito continuado de negociaciones prohibidas.

Además, a la también exalcaldesa Eva Corrales (PP), la Audiencia le impuso una pena de siete años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación, si bien la absolvió del de negociaciones prohibidas por el que también estaba acusada.

Asimismo, a la esposa del exalcalde y a Isidro Martín Bejarano --a quien la acusación atribuyó el papel de testaferro del exalcalde-- les condenó a un año de prisión y a dos de inhabilitación por un delito continuado de negociaciones prohibidas, a los que añadió otros siete años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.

El exedil del PP Ismael Puyana y su esposa --quien, como la mujer de Lorenzo Sánchez, también figuraba como titular de una de las empresas investigadas-- fueron condenados a seis años de inhabilitación especial como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación.

Finalmente, al exedil de RRUU Jesús María Corrales le impone una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación por un delito de prevaricación continuado, absolviéndole del de negociaciones prohibidas por el que también estaba acusado.

La sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Europa Press, desestima los recursos de casación por infracción de Ley y
precepto constitucional interpuestos por las representaciones de todos los condenados, así como del Ministerio Fiscal, contra la sentencia dictada con fecha 30 de noviembre de 2016 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz.

EL CASO

Cabe recordar que el juicio por el 'caso Uniformes' se celebró en nueve sesiones en la Audiencia Provincial de Cádiz, sentando en el banquillo a 20 personas --mayoritariamente funcionarios y concejales de los sucesivos gobiernos de PP y RRUU en la localidad--.

La Fiscalía solicitaba penas que iban desde los nueve años de inhabilitación a los cinco de cárcel y 19 de inhabilitación que proponía para Lorenzo Sánchez, a quien se refirió durante el juicio como "el máximo responsable y cabeza pensante" de una "estructura piramidal" supuestamente diseñada en el Ayuntamiento roteño para beneficiar, mediante "adjudicaciones absolutamente ilegales", a empresas en las que él y otros miembros de la Corporación tenían intereses.

Cabe señalar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Rota finalizaba a principios de febrero de 2015 la instrucción del caso, señalando en el auto emitido entonces la existencia de indicios racionales de criminalidad por la adjudicación irregular desde 2004 de contratos de suministros por parte del Ayuntamiento y fundaciones municipales a empresas relacionadas con el exalcalde y otros responsables municipales.

Dichas empresas eran la sociedad cooperativa Coanda --dedicada a la confección de vestuario laboral--, la distribuidora Epis Rotasur y Coanda Costuras, supuesta empresa pantalla que vino a sustituir a las dos anteriores para burlar la prohibición de contratar con el Ayuntamiento al endurecerse las condiciones con la entrada en vigor el 30 de abril de 2008 de la Ley de contratación del sector público.

Por su parte, en la última sesión del juicio, celebrada el 31 de mayo de 2016, Lorenzo Sánchez tomó la palabra para pedir al tribunal una "rápida" sentencia absolutoria después de cuatro años de proceso y "padeciendo", también en los cinco años previos en los medios de comunicación, una situación que atribuía a una "estrategia política del PSOE", que fue quien interpuso la querella que dio origen a la causa y que ejerció la acusación popular.