Denuncia de UPyD ante la Fiscalía por el uso de tarjetas en la UCA

CÁDIZ 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPyD en Andalucía, Martín de la Herrán, ha presentado este viernes ante la Fiscalía Provincial de Cádiz una denuncia por el posible uso irregular de tarjetas de crédito en la Universidad de Cádiz (UCA). La denuncia se formula contra el anterior rector, Diego Sales, el actual, Eduardo González Mazo, y otros once dirigentes de la institución académica.

UPyD pide a la Fiscalía en la denuncia que abra diligencias de investigación y determine si los denunciados han cometido los delitos de malversación y apropiación indebida.

De la Herrán ha explicado que UPyD presenta esta denuncia en defensa de la comunidad universitaria. "Es indecente que tenga lugar este posible dispendio en la época de mayores recortes en educación por parte de la Junta y del Gobierno central".

Considera "una vergüenza" que los profesores, estudiantes y el personal de administración y servicios estén "sufriendo las consecuencias de la gestión irresponsable de la Junta de Andalucía, que adeuda más de 600 millones de euros a las universidades andaluzas, y ahora de los responsables universitarios".

Argumenta que "mientras miles de estudiantes tienen que abandonar sus carreras por los recortes, sus responsables parecen estar dispuestos a derrochar los recursos públicos".

Al respecto, ha urgido a la Junta a hacer efectiva "de una vez" la Ley de transparencia que aprobó "de forma tardía y con un texto incompleto y lleno de carencias, y que sigue sin entrar en vigor de forma inexplicable", apostilla.

"La transparencia no es algo que se pregone ni se promocione, solo existe si se practica", resalta, al tiempo que reflexiona que "no seguirían teniendo lugar cada día nuevas irregularidades en las instituciones públicas si todos los organismos que reciben subvenciones publicasen todas sus cuentas, como UPyD hace con todos sus gastos y como viene reclamando en todas las administraciones públicas del país".

Por ello, el portavoz de UPyD en Andalucía espera que se depuren todas las responsabilidades y se devuelva íntegramente el dinero que se pueda haber gastado de forma inapropiada e injustificada.