CÁDIZ 8 May. (EUROPA PRESS) -
El responsable del área de Servicios Económicos de la Diputación de Cádiz, Jesús Solís, ha ofrecido los datos de la liquidación del presupuesto de 2016, que, según ha indicado, permite obtener 23,2 millones de euros para reinvertirlos en la provincia. No obstante, ha señalado que al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado, la aplicación final de esta cuantía "es aún una incógnita".
En una nota, la Diputación ha recordado que se trata del primer ejercicio completo del equipo de gobierno que preside Irene García (PSOE). Por su parte, Solís ha señalado que la liquidación indica que los índices sobre estabilidad presupuestaria alcanzados por Diputación son "satisfactorios", así como que deja la "incertidumbre" del destino del remanente, que "podría dedicarse a nuevas inversiones productivas para la provincia de Cádiz".
En cuanto al grado de ejecución del presupuesto de 2016, el diputado ha explicado que en el ámbito de los gastos se ha alcanzado un cumplimiento del 85 por ciento de las previsiones que, en términos absolutos equivalen a 220 millones de euros invertidos.
En este sentido, ha afirmado que el porcentaje "mejora ampliamente el último promedio conocido sobre el conjunto de diputaciones españolas --del año 2015--, que se situó en algo más del 74 por ciento. El grado de ejecución de los ingresos rondó el 88 por ciento, también sensiblemente superior al 74'8 alcanzado por el conjunto de diputaciones, ha añadido.
Solís ha afirmado que en 2016 se logró un superávit de 52,8 millones sólo considerando la gestión de Diputación como entidad matriz. En este sentido, ha añadido que si se agrupan los resultados de los organismos autónomos, dependientes de la Institución Provincial, este saldo se eleva hasta los 64,7 millones de euros, lo cual "revela una capacidad financiera muy superior a la alcanzada en 2015".
Además, Solís ha señalado que Diputación "también ha cumplido con el límite de la regla de gasto, quedándose a ocho millones de euros del techo impuesto para 2016". En este sentido, ha explicado que este último año y el ejercicio actual de 2017 son además los escenarios de aplicación del plan económico-financiero adoptado por Diputación tras el esfuerzo inversor asumido en el segundo semestre de 2015.
La deuda pública, a 31 de diciembre de 2016, se situaba en el 71 por ciento de los recursos corrientes, según ha indicado Solís, que ha explicado que "ofrece por tanto una sensible mejora en relación al 98 por ciento que encontramos el inicio del mandato".
Así, ha afirmado que el dato está "muy por debajo" del límite legal, tasado en el 110 por ciento, e incluso del 75 por ciento por el que se requiere la autorización de una administración superior en caso de concertar operaciones financieras a largo plazo. "En un año hemos amortizado la deuda en 30 millones de euros, logrando un ahorro neto superior al 15 por ciento", ha manifestado el diputado de Servicios Económicos.
En cuanto a los tiempos para los proveedores de bienes y servicios así como adjudicatarios de obras de Diputación, ha indicado que el periodo de medio de pago, a 31 de diciembre de 2016, se situaba en 23 días. "Y en marzo de 2017 ya estaba en 16 días" ha indicado Solís, que ha matizado que al inicio del actual mandato corporativo este plazo era de 40 días.
Jesús Solís ha asegurado que, con a estos datos, la Diputación de Cádiz engrosa el cupo de administraciones locales "que acreditan una eficaz gestión económica, pero que ven mermadas sus posibilidades de reinversión de los beneficios conforme a las limitaciones de la legislación estatal".
En este sentido, ha añadido que esta gestión ha deparado un remanente positivo de tesorería para gastos generales de 23,2 millones de euros, "sin embargo, aún se desconoce si esta disposición de fondos podrá revertir en la provincia de Cádiz, tal como se ha hecho con programas de inversión como el Plan Invierte".
Solís ha explicado que "al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado aún no se puede aplicar" y ha recordado que en ejercicios anteriores se abrió un resquicio para esta reinversión con una disposición adicional contenida en los presupuestos de 2014 que se ha ido prorrogando, aunque esta continuidad no es posible mientras no se validen las cuentas estatales.