El gobierno de Diputación de Cádiz explica al personal la idea de organismo autónomo para gestión de servicios sociales

CÁDIZ 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobierno de la Diputación de Cádiz ha iniciado el proceso informativo dedicado a explicar el proyecto para mejorar el rendimiento y alcance social de las políticas de servicios sociales. Según ha señalado, los primeros destinatarios de esta ronda que ahora comienza han sido las centrales sindicales de UGT, CCOO y CSIF, así como personal adscrito al Área de Servicios Sociales, Familias Sociales e Igualdad, que han sido informados en el curso de dos reuniones presididas por la presidenta de Diputación, Almudena Martínez.

En una nota, Diputación ha indicado que el gobierno provincial contempla la constitución de un organismo autónomo que aglutine la gestión de las políticas sociales. Esta entidad "supone un blindaje público para los trabajadores del Área y garantiza una gestión pública directa de todos los servicios sociales", ha defendido Almudena Martínez.

En este sentido, ha añadido que esta revisión que propone el gobierno de Diputación está motivada por la "situación insostenible a largo plazo" del actual modelo, "arrastrada de años anteriores" y que se evidencia especialmente en la administración de las residencias de personas mayores (situadas en Cádiz y en El Puerto de Santa María, a las que se añadirá la próxima de La Línea).

La diputada provincial responsable del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa, ha explicado que "se trata de un Área muy sensible que mantiene una atención directa a personas vulnerables". Esa asistencia "requiere respuestas ágiles e inmediatas" en materia de contrataciones de personal, sustituciones, rotaciones, además de provisiones de suministros y licitaciones de obras y servicios, ha indicado Conesa.

En este sentido, ha explicado que esos procesos no se resuelven con la celeridad deseada, consecuencia de "plantillas mermadas" en las que el ritmo de las jubilaciones avanza a mayor velocidad que las incorporaciones y de la sobrecarga de trabajo en áreas de la Administración provincial.

A ese primer argumento, según ha explicado, se le une otro adicional como el de un modelo económicamente insostenible al ponderar el presupuesto empleado y el número de personas atendidas, que compromete el cumplimiento de dos principios constitucionales como son el de buena gestión financiera y el de aplicación económica y eficiente de los recursos públicos.

Por su parte, el director del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Javier Rodríguez Para, ha detallado las razones técnicas que justifican el cambio de modelo. La privatización no es una opción, y así lo sostiene el Gobierno de Diputación, pero tampoco es una alternativa no intervenir con un nuevo planteamiento como el del organismo autónomo. "Si no hacemos nada alguna entidad superior puede imponer una decisión drástica", ha explicado Rodríguez Para.

Según ha explicado, en este inicio del proceso informativo se esboza un organismo autónomo con una estructura de personal formada por tres grupos que son 'Personal del Área', que se integraría en el organismo en las mismas condiciones laborales y retributivas, 'Personal propio del organismo autónomo', contratado para solucionar necesidades de plantilla que se regirá por un convenio propio que será similar al de Diputación, y 'Personal de residencias de mayores', que requerirán una regulación propia adaptada a su actividad, que garantice su viabilidad a largo plazo y su pervivencia como servicio público.

Este planteamiento comprende además un proceso negociador de reubicación voluntaria en otros centros de Diputación para el personal del Área adscrito a las residencias, ha señalado.

Finalmente, la presidenta de Diputación ha afirmado que la implantación de este modelo ayudaría a la sostenibilidad del servicio y a tender a la excelencia.