Irene García reclama mayor autonomía municipal para reinvertir el superávit de las administraciones locales

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha intervenido en el encuentro de presidentes de diputaciones andaluzas reclamando mayor autonomía municipal para reinvertir el superávit de las administraciones locales, lo cual pasa porque el Gobierno central "elimine la regla de gasto que asfixia a ayuntamientos y diputaciones".

En una nota, la Diputación ha señalado que según los datos que se han expuesto en la reunión, en torno al 70 por ciento de las corporaciones locales andaluzas tienen un superávit que suma casi 1.500 millones de euros --y 7.000 millones de euros a nivel nacional--, "pero se ven obligadas a tenerlo en los depósitos bancarios porque se impide que se destine a crecimiento económico o mantenimiento de los servicios públicos, en lugar de destinarlos a las actuaciones que cada entidad considere más beneficiosas para sus vecinos".

Así, Irene García ha hecho una defensa de la autonomía municipal a la hora de fijar libremente el destino de los respectivos remanentes positivos de tesorería.

"Creemos que no es normal que aquellas administraciones que hacen bien su gestión no podamos reinvertir ese dinero para impulsar prioritariamente inversiones y planes de empleo", ha señalado en este sentido la presidenta de la Diputación, que ha afirmado que "ya que se ha cumplido, soportando parte del desequilibrio de las cuentas estatales, ahora toca eliminar la regla de gasto".

Además, la presidenta de la Diputación de Cádiz ha lamentado "que el Gobierno haya ligado el uso de esos remanentes positivos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, cuando sólo es necesario un acuerdo del Consejo de Ministros para hacer posible que el cambio sea efectivo".

El objetivo de esta reclamación "no es otro que generar empleo, que es la prioridad en el gobierno de la Diputación de Cádiz, como demuestra el hecho de que en sólo tres años se haya puesto en marcha planes específicos --refiriéndose a las cuatro ediciones del Plan de Cooperación Local y las dos del Plan Invierte-- que han puesto en circulación más de 40 millones de euros en toda la provincia para crear empleo y mejorar las infraestructuras y servicios de los municipios". "Esta cifra hubiese sido aún mayor si no hubiésemos tenidos las restricciones impuestas por el Gobierno a la hora de usar nuestro superávit", ha añadido.

Según ha indicado la Diputación, este asunto ha sido uno de los principales de cuantos se han tratado en el foro en el que han participado los responsables de las diputaciones de Cádiz, Huelva, Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla, reunidos en la Casa Museo de los Ingleses de Punta Umbría, dentro de los encuentros periódicos que mantienen para abordar cuestiones de interés común. E

Por otro lado, el "frente común" de las diputaciones andaluzas también exigirá al Gobierno central que "compense a los ayuntamientos por las pérdidas de ingresos en la recaudación de la plusvalía" y que "promueva a la mayor brevedad posible una iniciativa legislativa de reforma de este impuesto teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional".

En este sentido, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha expuesto que sólo en el año 2017 se recaudaron en la provincia 6,4 millones de euros con el impuesto de plusvalía, lo que supone un 1,5 por ciento del total recaudado en los municipios que gestiona el Servicio Provincial de Recaudación.

"Los perjuicios económicos para los municipios en caso de dejar de cobrar las plusvalías, o más aún, si hubiera que devolver cantidades ya cobradas, serían graves", ha indicado García, que ha explicado que en municipios como Puerto Real, el cobro de este impuesto supuso el pasado ejercicio el 6,33 por ciento de la recaudación total, en Chiclana el 3,74 por ciento o en La Línea de la Concepción un 2,85 por ciento del total.

Por ello, "ante esta injusticia, avalada por el Tribunal Constitucional", ha exigido al Gobierno central la compensación a los ayuntamientos del cien por cien de las devoluciones que tengan que realizar por resolución judicial ante las reclamaciones de propietarios a los que se le cobró el impuesto de forma indebida.