Actualizado 29/09/2024 10:42

El presidente de la Diputación se incorpora a la Red de Municipios de Transición Justa de la FEMP

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes.
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes. - DIPUTACIÓN DE CORDOBA

CÓRDOBA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha incorporado a la Red de Municipios de Transición Justa, ACOM (Asociación de Comarcas Mineras), de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tras la celebración de la Asamblea Constituyente, que ha tenido lugar en el municipio asturiano de Mieres.

Fuentes se convierte así en uno de los 14 vocales que se suman a la presidencia y vicepresidencias, según ha informado este domingo la Diputación de Córdoba en una nota.

Salvador Fuentes, que representa a los municipios mineros cordobeses, ha señalado que "se trata de una oportunidad única para nuestra provincia, conscientes de la necesaria diversificación económica, social y ambiental de cara a un futuro no muy lejano; objetivos todos ellos que defiende esta Red".

"Participamos, desde este momento, en un entramado que cuenta con 107 entidades locales representadas, que suponen más de un millón de habitantes cuyo futuro será debatido y defendido en la Red de Municipios de Transición Justa", ha destacado Fuentes.

El presidente de la Diputación cordobesa ha defendido que "es esencial establecer foros de diálogo y de debate que nos permitan generar sinergias y estrategias de cooperación entre los territorios, y nuestra presencia aquí nos permitirá abrir nuevas líneas de trabajo y colaboración".

Entre los objetivos perseguidos por la Red destaca el de "optimizar las oportunidades que supongan la actividad y el empleo de la transición ecológica hacia una economía verde y baja en carbono, así como minimizar los impactos económicos y sociales de carácter negativo que puedan producirse".

Hasta el momento son 15 los convenios de transición justa suscritos en un total de 197 municipios pertenecientes a ocho comunidades autónomas, documentos que se marcan como finalidad "mantener y crear empleo en los territorios afectados por la transición energética".

 

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