El alcalde de Lepe ve la situación "normalizada" dentro de "la precaridad" una semana después del incendio

HUELVA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lepe (Huelva), Juan Manuel González (PP), ha asegurado este lunes, día en el que se cumple una semana del incendio registrado en un asentamiento de inmigrantes en la localidad, que la situación está "normalizada" dentro de "la precariedad" a la que se enfrenta este colectivo.

En declaraciones a Europa Press, González ha remarcado la creación, junto a organizaciones sociales y asociaciones, de una comisión de trabajo para hacer un seguimiento de este problemática e intentar "buscar una solución".

En este sentido, el regidor local ha señalado que irán a los asentamientos para intentar asesorar a estas personas al objeto de que "intenten agruparse y alquilar una vivienda" para "reconducir" su situación.

Del mismo modo, sobre la tramitación de la documentación de los afectados, ya que muchos de ellos la perdieron a consecuencia de las llamas, González ha recordado que el Ayuntamiento se ha ofrecido a "ayudar" en este sentido y trasladar a la Subdelegación del Gobierno en Huelva los papeles correspondientes y recogerlos una vez que todo este listo para ahorrar a estas personas ese desplazamiento.

COLABORACIÓN DE HUELVA-ACOGE

Por otro lado, la presidenta de Huelva-Acoge, Gladis Mesa, ha indicado que las distintas asociaciones han realizado una evaluación de manera individual de las personas afectadas al objeto de determinar cómo pueden ayudarles. En concreto, Huelva-Acoge se encargará del asesoramiento y ayuda en el ámbito de la documentación.

Así, el pasado viernes comenzaron con esta tarea y los servicios jurídicos se encuentran atendiendo a los afectados que lo requieren. Mesa ha subrayado que "sin un trabajo conjunto" entre asociaciones y las distintas administraciones "va a ser difícil" encontrar una solución a este problema social.

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS

Por su parte, desde la delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía han recordado en un comunicado que desde el año 2001 parte del colectivo de temporeros, que "también saca adelante la recolección de las fresas y frutos rojos en Huelva", "malvive bajo plásticos de forma más o menos estable alrededor de los invernaderos de la provincia onubense".

Así, en abril de 2013, Cáritas contabilizaba unas 1.300-1.400 personas "sólo en la parte del Condado occidental" y, aunque en un principio se trató de campamentos temporales, ahora son "permanentes y carecen de todos los elementos básicos que permiten vivir con dignidad".

Por ello, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía reclama "la implicación real de todas las administraciones (locales, provinciales, regionales y nacionales) buscando soluciones efectivas, duraderas, coordinadas e integrales", así como la creación de una mesa intersectorial en la que la administración, los sindicatos, la patronal, las organizaciones sociales y los propios afectados "se unan para buscar y aportan alternativas beneficiosas para todos".

Pide además la creación de un plan holístico que afronte esta "grave" situación desde una perspectiva "amplia" teniendo en cuenta todas las dificultades a las que esta población tiene que hacer frente (acceso al trabajo, vivienda, sanidad, inserción social, situación documental irregular). "Las administraciones serán las responsables de la puesta en marcha de este plan, diseñado y apoyado desde la mesa intersectorial".

Indican que en este plan se incluirá la puesta en marcha de una red de recursos en todas las zonas agrícolas que permitan a los trabajadores "no verse obligados a vivir en asentamientos que no disponen de ningún tipo de servicios mínimos".

Solicita también el cese "inmediato e incondicional" de todos los desalojos. La evacuación de un asentamiento "sin articular alternativas sólo provoca el desplazamiento de las personas que lo habitan que, además, pierden sus pocas pertenencias". Reforzar y establecer cauces "sencillos" para garantizar que estas personas puedan ejercer su derecho a la atención sanitaria (física y mental), derecho a la inserción laboral "activa y real", derecho a un alojamiento digno y derecho a disfrutar de un servicio de orientación jurídico legal es otra de las reivindicaciones.