Andalucía Acoge cree "insuficientes" las iniciativas para ofrecer soluciones a los asentamientos de Huelva y Almería

HUELVA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Acoge ha llamado la atención este jueves a las administraciones sobre su "compromiso" a la hora de "ofrecer soluciones de vivienda digna" a las personas que viven en los asentamientos de Huelva y Almería, toda vez que reclama "el acceso a derechos como el empadronamiento" y a visibilizar "la gravedad de la discriminación de las personas en los asentamientos", al tiempo que ha remarcado que aunque en los dos últimos años se han impulsado una serie de iniciativas para dar solución a esta problemática, las mismas son "insuficientes".

Son algunas de las conclusiones del informe 'Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía. Hitos desde 2023', que ha presentado la entidad a través de un encuentro digital y en la que pone el foco en la defensa de los derechos de las personas que viven en los asentamientos agrícolas de Huelva --fundamentalmente Moguer, Lucena del Puerto y Lepe-- y la comarca de Níjar (Almería), ha indicado en una nota de prensa.

De este modo, una de las conclusiones del documento hace referencia a "las malas condiciones de vida en los asentamientos", ya que, según la entidad, en ellos "faltan los servicios más básicos y la discriminación persiste en el acceso a viviendas adecuadas".

No obstante, aunque en los dos últimos años se han impulsado una serie de iniciativas por parte de la Unión Europea, la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y algunos ayuntamientos, como el Plan EASEN, que "generan un contexto más propicio para construir soluciones habitacionales", según Andalucía Acoge "estas o son insuficientes, no se han puesto en funcionamiento, o no terminan de considerar las necesidades y la participación de la población migrante de los asentamientos, cuestión imprescindible para que sean efectivas".

Tal como han comentado los equipos de Huelva Acoge y Almería Acoge en la presentación, los albergues de Lucena del Puerto y Moguer, con 36 y 144 plazas respectivamente, "no están actualmente en funcionamiento, siendo la residencia de Lepe el único recurso operativo actualmente en la provincia".

Por su parte, el equipo local de Níjar señala que, tras el desalojo de los asentamientos de El Walili y de la avenida de la Constitución, "no se ha tenido en cuenta la opinión de la población afectada así como que las soluciones habitacionales propuestas respondan completamente a las necesidades de la población".

LA NEGACIÓN DEL DERECHO A LA VECINDAD

Otras de las cuestiones que recoge el informe es que en "todas las localizaciones donde se interviene", la entidad ha detectado "la vulneración sistemática de derechos que se traduce en la falta de acceso al empadronamiento, la vivienda, la atención sanitaria, los servicios sociales o la movilidad".

Además, se incide en que "la irregularidad administrativa de muchas de las personas migrantes, por la ineficiencia de la normativa, agrava esta situación" y "aunque es un problema común en los dos territorios, es fundamental considerar que existen diferencias significativas entre los asentamientos de Almería y los municipios onubenses".

Por ejemplo, según remarca la ONG, en Níjar, la población migrante "no tiene un carácter temporero", sino que "se han convertido en vecinos y vecinas, por lo que las políticas y medidas de intervención deberían responder a esta realidad". Mientas que en los municipios onubenses, Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, "la mayoría de las personas residentes en estos asentamientos son temporeras", aunque se estima que entre "el 30% y el 40% de la población vive allí de forma permanente".

Por otra parte, "la infradenuncia frente a las vulneraciones de derechos se presenta como una problemática común, aunque con mayor incidencia en Níjar, donde las pocas denuncias formalizadas se dirigieron al Ayuntamiento por poner barreras al empadronamiento".

El informe, basado en el análisis documental y en entrevistas a informantes clave de la entidad, concluye que "garantizar el acceso al padrón cumpliendo con la ley de bases de régimen local y sin crear trabas administrativas disuasorias, así como cambiar la lógica de los desalojos por realojos que vayan acompañados de una alternativa habitacional digna, son medidas imprescindibles para acabar con esta vulneración de derechos en los asentamientos".

"ENORMES DIFICULTADES"

En este sentido, durante la presentación online, el director general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, ha subrayado que en las más de 800 intervenciones quehan realziado lo que se ha podido constatar son "las enormes dificultades que vive la gente que vive en asentamientos para tener reconocido no ya su derecho a la vivienda, sino, por ejemplo, su derecho a un trabajo digno".

Así, ha señalado que las infraviviendas son "la punta del iceberg de una crisis estructural de vivienda que sufre en España", pero "aquellas personas que tienen menos recursos económicos y sociales sufren esta crisis de manera especial". Por ello, "en muchas ocasiones, afecta a su acceso a derechos, como sanidad, educación o a los servicios sociales".

Así, ha señalado que "la mayoría" de los acompañamientos han tenido relación con elementos laborales o sobre el empadronamiento, señalado sobre este último aspecto que es "una de las grandes vulneraciones de derechos que afectan a la población migrante en España, no solamente la que vive en asentamientos, pero sí de manera muy especial".

Además, ha indicado que en el informe se recoge "los pequeños pasos" que han dado distintas administraciones para "implicarse en la solución de los asentamientos", ya que "por primera vez, desde hace tres décadas, hay administraciones que están reconociendo que son competentes en la solución", algo que ha calificado de "paso muy importante".

Así, ha subrayado algunas iniciativas del Ministerio de Derechos Sociales, pero "sobre todo" el plan para la erradicación de asentamientos de la Junta, ya que este es "un paso fundamental, porque la comunidad autónoma es "el agente prioritario para impulsar cualquier medida", aunque ha lamentado "año y medio después de que se anunciara no se ha conocido ni una coma de ese plan".

"Hay un horizonte de mínima esperanza, porque ya hay administraciones que se reconocen competentes, pero nos preocupa mucho y nos tememos de que pueda quedarse paralizado, de que se pueda quedar en un anuncio que al final nunca llega a completarse", ha abundado, toda vez que ha indicado que el caso de la residencia de temporeros de Lepe "puede apuntar al camino de solución".