Andalucía acusa al Gobierno de "optar" por subir impuestos en vez de "reducir privilegios" a los independentistas

HUELVA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de "optar" por subir los impuestos a los españoles en vez de "reducir privilegios a los independentistas". "Nos tendrán en contra de una subida de impuestos porque Andalucía apuesta" por una reducción de la presión fiscal desde que gobierna Juanma Moreno en la Junta.

Así ha valorado España, en declaraciones a los medios en Huelva con motivo de su visita a los trabajos que se están realizando en la Delegación de Hacienda de la capital onubense, el plan fiscal elaborado por el Gobierno central y remitido a la Unión Europea y en el que se detalla que España tendrá que hacer un esfuerzo fiscal anual de cuatro décimas del Producto Interior Bruto (PIB) de media en un periodo de siete años --alrededor de 6.000 millones anuales-- para cumplir con las reglas fiscales europeas, según han explicado fuentes del Ministerio de Economía.

"Lo que se observa de cara al futuro es que se va a producir una subida de impuestos y no una reducción de gastos, cuando entendemos que hay gastos superfluos que se podrían reducir, como privilegios y concesiones que se les están haciendo a los independentistas. El Gobierno ha optado por subir los impuestos en miles de millones que pagaremos todos los españoles", ha sostenido la consejera portavoz, que ha criticado además que este plan fiscal se haya hecho "de espaldas a las comunidades autónomas".

En el marco del plan de ajuste fiscal estructural que España debe remitir a la Comisión Europea, el Ejecutivo ha cuantificado el esfuerzo fiscal que debe hacer la economía española para reducir su deuda en un plazo de siete años, que es el periodo de consolidación que se ha fijado el Gobierno para cumplir con las reglas fiscales. Organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el Banco de España han realizado sus propios cálculos sobre el ajuste que tendrá que realizar España a lo largo de los próximos años para cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas.

Al igual que el Gobierno, la AIReF ha calculado que España tendrá que realizar un ajuste de algo más de cuatro décimas de PIB en los próximos siete años --unos 6.000 millones al año--, y eso implica que el gasto no podrá crecer más del 3%, tal y como ha calculado el Gobierno. Por su parte, las estimaciones del Banco de España apuntan a que, para cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas, sería necesario implementar un ajuste presupuestario de en torno a 0,5 puntos porcentuales del PIB al año --durante siete años--, aunque ha advertido de que este programa acarrearía un menor grado de dinamismo de la actividad que el contemplado actualmente.

La trayectoria debe garantizar que, al final del período de ajuste, la deuda pública se halle en una senda descendente plausible, o se mantenga en niveles prudentes por debajo del 60% del PIB a medio plazo, y que los déficits no superen el umbral del 3% del PIB y también mantengan ese comportamiento a medio plazo. Se debe tener en cuenta, además, que aunque el objetivo fundamental es colocar la deuda en una senda descendente, los compromisos ya no se fijan en términos de déficit estructural, sino en términos de crecimiento del gasto primario neto.

España ha comprometido con la Unión Europea un plan de ajuste fiscal estructural a medio plazo, que pasa por fijar el crecimiento del gasto primario neto promedio en el 3% en un horizonte a siete años, en cumplimiento con las nuevas reglas fiscales de la UE. Según el Gobierno, el cumplimiento con la regla de gasto planteada en su plan de ajuste garantiza la continuidad de la estrategia de responsabilidad fiscal. Las perspectivas del Gobierno sitúan el déficit público en una senda descendente, pasando del 3% del PIB en 2024, al 2,5% en 2025 y al 2,1% en 2026. De acuerdo con las proyecciones más a largo plazo, el déficit se situará en el 0,8% del PIB en 2031.

En cuanto a la deuda, el Gobierno prevé que la ratio sobre el PIB baje del 102,5% en 2024, al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles "prudentes" del 60% planteado por Bruselas.

Aunque, por defecto, los planes de ajuste se elaboran a cuatro años, los Estados miembro de la UE pueden solicitar una extensión del período de ajuste fiscal de cuatro años a un máximo de siete años, si llevan a cabo ciertas reformas e inversiones que mejoren la resiliencia y el potencial de crecimiento y apoyen la sostenibilidad fiscal y aborden las prioridades comunes.

El Gobierno español se ha decantado por extender el horizonte de ajuste a siete años, con un plan a medio plazo que viene acompañado de un programa de reformas e inversiones, que incluye medidas fiscales, de transición ecológica, de transformación digital y de capital físico y humano. En total, las reformas del plan fiscal tendrán un impacto en 2031 de 3,3 puntos en el PIB y de 2,4 puntos en el recorte del déficit público.

Entre estas reformas destacan algunas ya recogidas en el Plan de Recuperación dado su impacto "significativo" más allá de 2024, como la reforma laboral, que en el PIB del 3031 va a añadir dos décimas de crecimiento y eso se va a traducir en una décima de menos déficit, respecto a un escenario sin esta medida.

Otra de las medidas más esperadas es la reforma fiscal, que aún sigue negociando el Ejecutivo con la Comisión Europea de cara al desembolso del quinto pago de los fondos europeos 'Next Generation EU'. El impacto de esta reforma sería de un recorte de tres décimas sobre el déficit público, aunque las medidas concretas aún no se han detallado, excepto la intención de hacer permanentes los impuestos a energéticas y banca.

Además, se han incluido reformas adicionales, especialmente vinculadas con áreas de actividad económica que se han identificado en los últimos años como muy relevantes o en las que se necesita un esfuerzo extra por la parte de la política económica para atajar o asegurar el PIB potencial de algunos de los factores que van a afectar sobre todo la parte de migraciones y vivienda.