La Audiencia de Huelva anula el sobreseimiento de la causa por prevaricación y usurpación de aguas en Doñana

HUELVA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Huelva ha anulado el sobreseimiento que decretó el Juzgado de Instancia Número 3 de La Palma del Condado (Huelva) en enero de 2021 de la causa articulada en torno a la operación 'Zacallón' en el marco de la cual se detuvo a siete personas vinculadas al Espacio Natural de Doñana por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y usurpación de aguas.

La Guardia Civil inició esta operación en 2019 al recibir información sobre la realización de sondeos supuestamente no autorizados en Doñana, con la particularidad de que esta irregularidad "se llevaba a cabo en presencia de vigilantes del propio espacio natural", según explicó la Benemérita que investigó a siete personas en el marco de la misma.

Según recoge el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia de Huelva estima el recurso interpuesto por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) contra el archivo de esta causa por parte del juzgado de La Palma del Condado, al considerar que "carece de toda motivación" y acordando que "se adopte una nueva decisión debidamente motivada", según adelantaba el diario El Mundo.

De este modo, la sala considera que el auto dictado en esta causa en enero de 2021 "resulta deficitario en cuanto a la descripción de hechos que han sido objeto de la instrucción y, además, en cuanto a la valoración de los mismos, no ofrece ningún razonamiento que soporte la decisión de acordar el sobreseimiento".

Prosigue señalando que en lo formal, la resolución "carece de toda motivación, al punto de no llenar las exigencias de fundamentación de las resoluciones judiciales que impone el artículo 120.3 de la Constitución expresamente para las sentencias, pero que se extiende como faceta de la tutela judicial efectiva a una decisión de calado jurídico como es el auto que acuerda el sobreseimiento provisional".

"Tal carencia absoluta, puesto que se utiliza un modelo estererotipado, sin ningún razonamiento ad hoc, hace que la resolución judicial sea nula, ya en definitiva no explicita a las partes ningún argumento sustancial en que se base el sobreseimiento, de manera que éste pueda ser criticado y confrontado vía recurso", prosigue el auto.

Así, la Audiencia de Huelva apunta que en un asunto "de considerable entidad, trascendencia y complejidad, con numerosas partes personadas, alcanzando la causa un volumen de más de 2.000 folios, los requerimientos de motivación no se intensifican, pues el mismo rigor cabe demandar en este aspecto a cualquier resolución judicial, pero sí han de quedar dimensionados y acompasados a la naturaleza y características del procedimiento".

"Por lo que una causa que, como esta, presenta perfiles de singular complejidad, no puede cerrarse sin una mínima valoración de las pretensiones de las partes y del resultado de la instrucción desarrollada y sin una justificación bastante respecto, en este caso, de la falta de tipicidad de los hechos denunciados", añade.

Por todo ello, la Audiencia estima el recurso de apelación interpuesto, declarando la nulidad del auto dictado y acordando que "se adopte una nueva decisión debidamente motivada".

LOS HECHOS

La Guardia Civil inició en 2019 la operación 'Zacallón', en el marco de la cual investigó a siete personas vinculadas con el espacio natural de Doñana --que conforman el Parque Nacional y el Parque Natural--, por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y usurpación de aguas. Además, en esta operación se detectaron 22 pozos "ilegales" y once balsas "irregulares" que "estarían afectando al acuífero".

La Benemérita inició las investigaciones al recibir información sobre la realización de sondeos supuestamente no autorizados en Doñana, con la particularidad de que esta irregularidad "se llevaba a cabo en presencia de vigilantes del propio espacio natural". Además, el instituto armado señala, respecto a los usos del agua, que se han detectado en el marco de esta operación 22 pozos "ilegales" y once balsas ('zacallones') que estarían afectando al acuífero, así como que las autorizaciones para el pastoreo de ganado se encontraban "caducadas" y, además, se localizaron construcciones "ilegales" de toriles.

Según la Guardia Civil, ninguna de las actividades descritas contaba con autorizaciones en vigor, y se habían estado produciendo durante al menos los dos años, "dañando a la fauna y flora protegida de ese espacio". Estas presuntas irregularidades habían sido denunciadas con anterioridad, pero los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado descubrieron también que los expedientes sancionadores no se tramitaban.

Los "beneficiarios directos" del aprovechamiento indebido del agua y de las construcciones donde almacenaban elementos ganaderos y guardaban al propio ganado eran "en su mayoría asociaciones de ganaderos de la zona, participando directamente en las irregularidades urbanísticas detectadas, utilizando un bien público de forma privativa", según relató la Benemérita.

DAÑOS A LA FLORA Y FAUNA PROTEGIDA

Desde la Guardia Civil subrayaron que el espacio natural de Doñana supone "un enclave único en cuanto a su riqueza biológica y su inclusión en diferentes normativas de protección", destacando, entre otras, Reserva de la Biosfera, Patrimonio Natural de la Unesco o Red Natura 2000.

En las investigaciones realizadas e informes aportados por diversos organismos --como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o la Universidad de Sevilla--, se constató "la pérdida de biodiversidad que estaba afectando a la regeneración vegetal, amenazando a especies de flora y fauna protegidas".

Esta operación se enmarcó dentro del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan Tifies), y del Proyecto Life 'Guardianes de la naturaleza'.

La investigación fue dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado (Huelva), junto con la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva.