HUELVA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a más de ocho años de cárcel a una mujer por prostituir a una de sus hijas, de 12 años, y poner a mendigar a la otra, de 13 años y con una discapacidad.
De este modo, el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por la progenitora contra dicha sentencia, y en su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera, tras todas las pruebas valoradas, como informes psicológicos, o la propia declaración de las menores, que hay pruebas de cargo suficientes contra ella y desestima, por tanto, su recurso.
Así, remarca que la sentencia de la Audiencia Provincial considera probado que en octubre del 2010, la acusada, de 38 años, tenía bajo su custodia exclusiva a sus hijas menores de 12 y 13 años, con las que convivía en el domicilio familiar.
Al menos desde esa fecha, y al no contar con recursos económicos ni tenía dedicación materna suficiente para atender a sus hijas en sus necesidades vitales, hizo que su hija de 12 años mantuviera relaciones sexuales con hombres adultos que conocía la acusada, recibiendo ésta a cambio una remuneración monetaria; lo que se materializó durante meses en diversas ocasiones.
Por otra parte, con intención de explotar económicamente el cuadro clínico de su otra hija menor, de 13 años, la cual padece una discapacidad valorada a efectos asistenciales en un 66 por ciento, la acusada a partir de 2009 la obligaba a permanecer inmóvil en su cama o en el sofá del salón en contra de las pautas de tratamiento que tenía señaladas, provocando así que se incrementase su atrofia osteomuscular, con el propósito de asegurar la ayuda económica que por su discapacidad y dependencia percibía de la Junta de Andalucía.
Al mismo tiempo, la sometía a duros castigos físicos, pegándole a veces con un cinturón y, en alguna ocasión, la obligó a pedir dinero en la calle.
El 10 de abril de 2011, tras fallecer la madre de la acusada, ésta se vio desbordada emocionalmente por la pérdida e incrementó su absoluta dejación de las funciones maternas que le correspondían en la custodia de sus hijas menores. Así, aunque estaban escolarizadas, era frecuente su absentismo escolar y descuidaba su higiene personal y su nutrición.
Posteriormente, entregó primero a su hija enferma a un matrimonio con el que mantenía lazos de amistad y un mes después a su otra hija. Esta pareja, que atendía y cuidaba a las menores, fueron ganándose su confianza y al ser las niñas incapaces de relatarles verbalmente el estado de maltrato, descuido higiénico y malnutrición al que les sometía su madre; a propuesta de esta mujer lo hicieron por escrito mediante cartas que les entregaron, manuscritas de su puño y letra. Al conocer lo sucedido, este matrimonio denunció en noviembre de 2012 la situación a los servicios sociales.
Así, el Tribunal Supremo, tras todas las pruebas valoradas, como informes psicológicos, declaraciones de las menores, o de este matrimonio, entre otras, desestima el recurso presentado por la madre al haber pruebas de cargo suficientes contra ella, condenada por estos graves hechos a más de ocho años de cárcel.