Condenado a dos años de cárcel el exalcalde de Linares y devuelve los 10.000 euros que malversó

HUELVA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos años de prisión al exalcalde socialista de Linares de la Sierra (Huelva) Jaime Luis Fernández Ceballos tras su implicación en una construcción supuestamente irregular en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche por delitos contra la ordenación del territorio, otro de prevaricación urbanística y otro de malversación de caudales públicos. Todo ello tras llegar a un acuerdo de conformidad y devolver este mismo lunes 7.000 euros de los 10.000 que malversó, quedando pendiente el resto a devolver en esta semana.

Según han informado a Europa Press desde la Fiscalía, las penas por el delito de malversación se le ha bajado en dos grados, es decir de cuatro años se le ha quedado en uno. Además de los dos años de prisión, el exprimer edil ha sido condenado a demoler la vivienda, a abonar una multa de 2.190 euros y a asumir un periodo de inhabilitación para promotor y para ejercer algún cargo público.

Su pareja, por el delito contra la ordenación del territorio, ha sido condenada a la pena de seis meses de cárcel, a una multa económica y la inhabilitación especial para el oficio de promotor durante un periodo de tiempo, al igual que el empresario que se encargó de la cimentación de la casa, al que considera la Fiscalía como cooperador de malversación, el cual ha sido condenado a ocho meses de prisión.

Los hechos se remontan a 2008 y, según reza en el escrito del Ministerio Fiscal, Fernández Ceballos y su pareja decidieron llevar a cabo en calidad de promotores, una edificación para vivienda, en la finca propiedad familiar de la mujer, la cual "no cumplía los requisitos de superficie mínima y distancias a linderos, carecía de actividad agrícola o ganadera y además se encontraba situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche".

Por ello, considera que "concibieron, valiéndose de la cualidad de alcalde del imputado, un procedimiento fraudulento que les permitiese llevarla a cabo, sin riesgo de sanción y sin coste económico".

Por tanto, "en ejecución de dicho plan, el acusado, en nombre de su pareja, solicitó en el mes de mayo del año 2008, licencia municipal para construir caseta de aperos de 20 metros cuadrados con altura máxima de 3,5 metros", prosigue el escrito.

En esta línea, estima que tramitado el expediente de licencia con la autorización del Parque Natural, se concedió la misma, con carácter condicionado, "exclusivamente para la construcción de caseta de aperos para usos agrícolas y prohibiéndose expresamente, que la misma contase con servicios higiénicos-sanitarios generadores de vertidos".

Además, la Fiscalía establece que "inmediatamente los acusados empezaron las obras, sin intención de respetar la licencia ni el condicionado del Parque Natural" al objeto de construir una vivienda de 45 metros cuadrados en dos plantas (una subterránea) que "contara con salón con chimenea, cocina y baño, y con el fin de 'segunda residencia' incompatible con la legislación protectora del Parque".

"VALIÉNDOSE DE SU CONDICIÓN DE ALCALDE"

Por otra parte, para llevar a cabo las obras, continúa el Ministerio Fiscal, en la ejecución de las obras y dado que sus ingresos económicos en 2008, no superaban los 28.000 euros (caso del acusado) y 6.000 euros (la acusada); "aquel decidió prevalerse de su condición de alcalde y con grave quebranto de sus deberes como servidor público, decidió costear con fondos públicos la construcción, valiéndose de su buena relación con constructores y proveedores municipales y del absoluto control que realizaba sobre las obras municipales y la contratación temporal de trabajadores".

Así las cosas, el exregidor concertó los servicios del tercer condenado, el cual "remitió al Consistorio tres facturas sin detallar y como si fueran obras municipales, según las expresas indicaciones del alcalde". En las obras fueron contratadas, tal y como reza el escrito, "personas que estaban contratadas por el Ayuntamiento y que compatibilizaban su trabajo público con el de la casa del alcalde".

De otro lado, hay que recordar que una vez conocida la imputación del entonces primer edil, la dirección socialista adoptó la decisión de suspender cautelarmente de militancia a Jaime Luis Fernández Ceballos, una medida disciplinaria que fue aceptada por el propio afectado en su ánimo de no perjudicar al partido. El PSOE también le exigió la entrega del acta de concejal.