SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La rebaja en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) que acometió el Gobierno andaluz se tradujo en 2021 en una merma de ingresos de 40,7 millones de euros, aunque esa repercusión negativa fue muy inferior al beneficio fiscal al que aspiraba la Junta de Andalucía con la bonificación del 99% de la cuota de este tributo, que fue de 468,7 millones.
"Ha tenido el efecto de que aumente el número de donaciones", precisa la Cámara de Cuentas en su informe sobre la fiscalización de cumplimiento y operativa de los beneficios fiscales implantados por la Administración autonómica en 2019 a partir del Decreto-ley 1/2019 en tributos cedidos y propios, trabajo que ha publicado este martes.
Compara las autoliquidaciones del impuesto en sus dos modalidades, por mortis causa y transmisiones inter vivos, con la bajada de los ingresos para la Administración autonómica.
Así, las autoliquidaciones, que fueron 25.811 en 2019 y el beneficio fiscal fue de 319,3 millones, en 2021 se duplicaron al situarse en 50.165 mientras que el beneficio fiscal fue de 468,7 millones.
En el caso de los ingresos, éstos pasaron de rozar los 300 millones en 2018 (299,3 millones), aunque ya en esta época Sucesiones y Donaciones se beneficiaba de una reducción en la base imponible de un millón de euros, a que en 2021 pasó a ser de 258,6 millones.
"Si se compara el ejercicio 2018 (último ejercicio sin la aplicación de estos beneficios fiscales) con el ejercicio 2021, se observa que la recaudación neta ha descendido 40,70 millones de euros. Este descenso es inferior al importe de las bonificaciones fiscales objeto de análisis que para el ejercicio 2021, 468,73 millones", precisa el informe.
ALMERÍA, 267,25 EUROS POR HABITANTE; HUELVA, 140,07 EUROS
En la distribución provincial del beneficio fiscal señala la Cámara de Cuentas a Almería como la provincia andaluza más beneficiada con un impacto de 267,25 euros por habitante, cantidad que resulta de la suma de un beneficio de 17,15 euros en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; de 110,33 euros en Sucesiones; de 138,02 euros en Donaciones; y de 1,75 euros en Juegos.
En el reverso figura Huelva con un beneficio fiscal en la provincia por habitante de 140,07 euros. La media de Andalucía es de 210,85 euros.
Sevilla figura en segundo lugar con un ahorro por habitante de 232,63 euros, seguida de Málaga con 222,91 euros; Granada, 211,06 euros. Todas estas provincias se situaron por encima de la media.
Por debajo de la media se ubicaron Córdoba con 202,95 euros por habitante; Jaén, con 183,28 euros; y Cádiz, con 149,48 euros.
El organismo fiscalizador indica que "el 5,65% del importe de los beneficios fiscales aprobados por la Comunidad Autónoma de Andalucía ha correspondido a sujetos pasivos no residentes en Andalucía".
En el caso de Sucesiones explica que "los mayores importes corresponden a Madrid y Barcelona, con 37,51 millones y 10,58 millones, respectivamente, seguidos de Baleares y Murcia". En el caso de los beneficios fiscales aprobados por la Comunidad Autónoma de Andalucía se observa una mayor proporción de beneficios fiscales correspondientes a residentes en la Comunidad de Madrid.
El organismo de fiscalización externa argumenta en su trabajo que el Presupuesto de Beneficios Fiscal que el Gobierno andaluz estimó en 2021, que ascendía a 6.707,3 millones de euros, "indica que la aplicación de un beneficio fiscal no significa necesariamente una disminución de la recaudación del mismo importe".
En ese sentido argumenta que un ahorro fiscal para el contribuyente "puede provocar un incremento de los hechos imponibles declarados o cambios en el comportamiento fiscal del sujeto pasivo", para concluir que "por ello podría no disminuir, o incluso aumentar la recaudación", aunque de igual forma reconoce que "esto es un hecho de difícil cuantificación y no se refleja en el Presupuesto de Beneficios Fiscales".
RECOMENDACIONES DE LA CÁMARA DE CUENTAS
Entre las recomendaciones que hace el organismo fiscalizador al Gobierno andaluz figura "incluir la totalidad de los beneficios fiscales vigentes en la clasificación por políticas de gasto del Presupuesto de Beneficios Fiscales" con la premisa de que "para ello se deberá recabar del Estado la información necesaria".
Pide que "para poder hacer un seguimiento efectivo es necesario disponer de objetivos cuantificados y fácilmente medibles, así como de indicadores que permitan evaluar la economía, eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos dejados de ingresar".
Aboga también por "considerar el importe de los beneficios fiscales en los distintos instrumentos de planificación de las políticas públicas de la Junta de Andalucía", ya que argumenta "se trata de ingresos tributarios que se dejan de recaudar en atención a distintos objetivos de política social y económica" y, con esa perspectiva, "deben ser considerados como medio alternativo al gasto presupuestario propiamente considerado para la consecución de los objetivos".
"Incluir en los informes de seguimiento de los planes de control tributario de la Agencia Tributaria de Andalucía (ATRIAN) información desagregada en relación con el control de los beneficios fiscales", propone igualmente.
Otra petición del organismo fiscalizador se dirige a plantear "desagregar claramente en las regularizaciones efectuadas por la Agencia Tributaria de Andalucía cuál es su origen" al plantear que "de esta forma se podrían cuantificar las que obedezcan a aplicación indebida de beneficios fiscales y se podría obtener información útil al respecto".
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