Junta: La petición del Defensor del Pueblo confirma que "hay que parar" los proyectos de gas en Doñana

GALAROZA (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha señalado este viernes que la petición realizada por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, para obtener información sobre el proyecto de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural por si puede suponer una amenaza medioambiental para el Espacio Natural de Doñana, confirma que "hay que parar" estos proyectos.

A preguntas de los periodistas en Galaroza (Huelva), Fiscal ha asegurado que la petición del Defensor confirma a su vez que "hay que analizar los riesgos sísmicos" que, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) trasladó al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y éste al Defensor del Pueblo a nivel nacional, "no están claros".

Por ello, Fiscal comparte la opinión de Francisco Fernández Marugán porque "confirma", ha insistido, "lo que llevamos diciendo mucho tiempo y con especial hincapié en los últimos días, que hay que parar el proyecto de gas, más allá que oficiosamente pueda estarlo como parece".

Se trata de la primera acción que se conoce después de haber asumido este mismo jueves Fernández Marugán el cargo de forma interina tras el cese por fin de mandato de Soledad Becerril, indicando Fiscal al respecto que "se esterena de la mejor manera con Andalucía".

Según informa la institución del Defensor del Pueblo, ha recibido varios informes que advierten del riesgo sísmico de este proyecto y, por ello, ha pedido al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si dicho riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas.

El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en cuatro subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta, lo que, a juicio del Defensor, podría alterar el resultado de la evaluación. Según los informes recibidos por la institución, las declaraciones de impacto no evalúan en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero.

Por ello, considera necesario conocer el criterio del Instituto Geológico y Minero de España con carácter previo a la formulación de resoluciones sobre esta cuestión.

La institución añade que mantiene una estrecha colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz, que también sigue una actuación sobre diversos impactos en el espacio natural de Doñana. En el marco de dicha colaboración, el Defensor del Pueblo pedirá de oficio a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que informe sobre las medidas que va a adoptar para frenar la sobreexplotación del acuífero.