Fiscalía Superior lamenta si causas tan largas como Mercasevilla causan "daño personal" a afectados

HUELVA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha lamentado este jueves si causas tan largas como la de Mercasevilla, cuya sentencia se conoció este miércoles tras comenzar la instrucción en 2009, "pueden causar daño personal" a los juzgados, en este caso el exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos y a los otros nueve acusados, que finalmente han sido absueltos por la juez de lo Penal número 13 de Sevilla.

En declaraciones a los periodistas antes de asistir a la apertura de las jornadas 'Novedades de las últimas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal' en el Colegio de Abogados de Huelva, y preguntada por este asunto, Tárrago ha precisado, no obstante, que "son temas jurisdiccionales en los que se investiga, se practican diligencias y se realizan escritos de acusación por parte del fiscal cuando se entiende que hay actividad probatoria".

Sin embargo, "si luego no hay datos en que apoyar estas pruebas y se desvirtuan en acto de juicio oral, lo normal es que un tribunal dicte una sentencia absolutoria".

Al respecto, ha subrayado que es "inevitable los perjuicios que se puedan causar; no hay ninguna fórmula para resolver este tema, lo único seguir trabahjando bien, como imagino que han hecho todos", refiriéndose a la causa de Mercasevilla, de la que desconoce si la Fiscalía, que pedía dos años de cárcel para cada uno, va a recurrir.

En la sentencia, de 393 páginas y a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez Yolanda Sánchez Gucema absuelve de los delitos de fraude y exacciones ilegales, prevaricación y societario a Torrijos; al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; al ex director de área de Vía Pública del Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño; al exconcejal socialista y expresidente de la lonja Gonzalo Crespo, y a la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante.

A su juicio, en esta causa cuya instrucción comenzó la juez Mercedes Alaya hace ocho años, únicamente existen contra los acusados "meras sospechas", ya que no se ha acreditado ningún "amaño" ni "concierto previo" para que Sando consiguiera la adjudicación de los terrenos y tampoco ha quedado probado que hubiera un pacto entre Sando y el resto de empresas para que presentaran ofertas de "relleno".