HUELVA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Izquierda Unida en Cartaya (Huelva), David F. Calderón, ha anunciado la presentación de un recurso de alzada contra la resolución de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para la construcción de una urbanización de lujo en el núcleo costero de El Rompido, en el término municipal de Cartaya.
El proyecto, denominado 'Sagitta', contempla la urbanización de más de 1.300.000 metros cuadrados, con la construcción de entre 800 y 1.000 viviendas de lujo, un campo de golf de nueve hoyos, hoteles y un centro comercial. Para IU, este plan es altamente "especulativo y pone en riesgo el equilibrio ecológico y la capacidad de carga del territorio, en una zona de alto valor natural y paisajístico".
Según el recurso presentado por Calderón, "la urbanización aumentaría la presión sobre los recursos hídricos", en una zona que "ya enfrenta problemas de suministro de agua, además de incrementar la especulación urbanística que expulsa a la población local". "El Rompido no necesita más viviendas de lujo ni campos de golf, sino vivienda social y medidas que protejan su rico patrimonio natural", ha señalado Calderón en una nota.
Por todo ello, IU ha criticado que la AAU aprobada "no respeta los principios de sostenibilidad ni las normativas vigentes", y ha advertido que el impacto sobre el entorno natural de las Marismas del Río Piedras y la Flecha de El Rompido podría ser "irreversible".
Además, Calderón ha subrayado que "no se ha tenido en cuenta la viabilidad hídrica del proyecto", ya que "no existen garantías de que se pueda abastecer con agua regenerada, incumpliendo así la normativa vigente". En este contexto, el portavoz de IU ha recalcado que "es inadmisible que en pleno contexto de crisis climática y sequía, se proyecten urbanizaciones que requieren millones de litros de agua diarios para su mantenimiento".
Con este recurso, IU ha reafirmado su "compromiso" con la protección del medio ambiente y la lucha contra la especulación urbanística, toda vez que ha exigido que "se revoque la autorización y se busquen alternativas que prioricen el bienestar de la población y el desarrollo sostenible de la zona".
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