La Junta achaca la no reapertura de la mina a que Emed busca "atajos" para no cumplir la legalidad

La Administración señala que "no está segura" de que el proyecto de la gestión de residuos presentado por Emed "sea seguro"

HUELVA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva en funciones, Manuel Alfonso Jiménez, ha asegurado este miércoles respecto al proyecto de apertura de la mina de Riotinto, ubicada en la localidad de Minas de Riotinto y gestionada por la empresa Emed Tartessus, que la compañía "no está siendo responsable ni seria", por lo que le achaca que la mina no se haya abierto aún porque, a su juicio, la empresa "busca atajos, jaleados por el PP, que no conducen al cumplimiento de la legalidad" necesaria para un proyecto de estas características.

En rueda de prensa, acompañado por los delegados en funciones de Economía, Innovación y Ciencia, María José Asensio, y de Medio Ambiente, Juan Manuel López, que han defendido que este apoyo de la Junta a los proyectos mineros ya se ha materializado con la puesta en marcha, durante los últimos años, de proyectos de explotación como el de Cobre Las Cruces (Sevilla) y Matsa (Huelva), Manuel Alfonso ha hecho hincapié en que el objetivo "no es conceder los derechos mineros en sí mismos, sino la apertura de la mina".

Por su parte, la delegada de Economía ha asegurado que "el proyecto no está muerto, pero su grado de madurez no es el adecuado" y ha explicado que sobre la base de la Ley de Minas y su reglamento, el procedimiento de la transmisión de derechos mineros exige el cumplimiento de tres requisitos. Por un lado, la acreditación legal del solicitante, por otro la solvencia técnica y económica de la empresa y, por otro, la presentación de un proyecto de aprovechamiento.

El primero de estos apartados quedó resuelto en el primer cuatrimestre de 2011, cuando la Junta de Andalucía intervino ante la imposibilidad de un acuerdo entre partes, y tomando como referencia el interés de la comarca y la correcta gestión del dominio público minero.

Solventado este punto, y analizados los documentos que Emed había aportado hasta ese momento, se produjo en abril de ese mismo año un requerimiento sobre los otros dos requisitos coordinado de las consejerías de Economía, Innovación y Ciencia, y Medio Ambiente, donde se solicita documentación sobre tres bloques específicos: viabilidad técnica del proceso de beneficio del mineral y gestión de los residuos de tratamiento; viabilidad económica del proyecto; e incidencia en el medio ambiente, más un plan de restauración del proyecto presentado.

De estos tres apartados, sólo se presentó en septiembre, cinco meses después, documentación incompleta relativa al último de ellos. De la misma forma, no se han entregado los documentos que acrediten la viabilidad económica y, si bien es cierto, según ha señalado Asensio, que los medios de comunicación han recogido acuerdos con empresas del sector y ampliaciones de capital, nada se ha presentado siguiendo los cauces oficiales y reglamentarios a día de hoy. Además, sigue sin justificarse la previsión de costes para la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto que aún no son propiedad de Emed.

Por todo ello, ha hecho hincapié en que la transmisión de los derechos mineros es "una reivindicación ilegal porque requiere aprobar un derecho de explotación y la normativa exige un proyecto de explotación viable económica y medioambientalmente y no lo tiene aún". En este punto, ha añadido que también se trata de una reivindicación "irresponsable" si viene de la mano de representantes políticos.

Aun así, con el propósito de agilizar la toma de decisiones, y aun estando incompleta la documentación, la Consejería ha solicitado --como ya hiciera con los proyectos de Cobre Las Cruces y de Matsa, ya en marcha-- al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) un informe preceptivo sobre técnicas y modos de operación propuestos por Emed Tartessus para este proyecto, así como un dictamen al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) sobre aspectos geotécnicos de seguridad estructural de las balsas, área del complejo donde existe un conflicto en vía judicial entre los distintos propietarios del terreno donde se asientan.

Por su parte, en noviembre de 2011, la empresa comunicó a la Administración que había solicitado varios de los estudios necesarios para la correcta marcha del proyecto, mientras que la Autorización Ambiental Unificada (AAU), indispensable, no se ha solicitado hasta el pasado mes de febrero de 2012, habiendo caducado las solicitadas en fechas anteriores, concretamente desde febrero de 2009.

GESTIÓN DE RESIDUOS

En cuanto a la gestión de residuos, la delegada de Economía se ha mostrado tajante al respecto, ya que ha asegurado que "no estamos seguros de que el proyecto de la gestión de residuos sea seguro" al tratarse de un tema muy sensible en Andalucía por el precedente de Boliden en Aznalcóllar (Sevilla).

En este sentido, ha indicado que la información aportada por la compañía hasta el momento plantea retomar el proceso de explotación tal y como estaba planteado en los años 80, es decir, "sin innovar y sin llevar a la práctica una gestión moderna y eficiente de los residuos mineros", como así se le ha requerido a otras empresas del sector, a las que se les pide reducir la peligrosidad y la cantidad de residuos.

De hecho, la propuesta de Emed pasa por recrecer las presas ya existentes, con 35 metros la de Cobre y con 11 metros la de Aguzadera, de gran tamaño y más antiguas que la colapsada en Aznalcóllar. En este sentido, hay que tener en cuenta que la presa de Aznalcóllar era única y tenía una superficie aproximada de 175 hectáreas; mientras que en Riotinto hay tres --Aguzadera, Cobre y Gossan--, que suman un total de 564 hectáreas. Además, el proyecto de Riotinto prevé en sus balsas capacidad para 82 hectómetros cúbicos de residuos, por los 25 de capacidad que tenía Aznalcóllar.

Precisamente en relación al mantenimiento de las balsas, la Delegación de Economía envió un requerimiento a las empresas propietarias de los terrenos --Emed Tartessus, Comisión Liquidadora, Zeitung y Rumbo 5.0-- el 24 de febrero de 2011 en el que se determina que el mantenimiento corresponderá a la empresa que ha aceptado el mismo, cobrando la parte correspondiente del coste de este trabajo al resto de las empresas propietarias, las cuales están obligadas a colaborar y no obstaculizar estas labores de mantenimiento, situación ésta que ha generado una situación de litigio entre las partes.

En esta línea, según los informes pertinentes, no existe ningún riesgo inminente, aunque ha aclarado que la Delegación seguirá trabajando con las empresas para una rápida solución del litigio que permita lo antes posible el mantenimiento de las balsas de acuerdo con la legislación vigente.

Por último, el delegado de la Junta en Huelva ha criticado que "la empresa utilice a los trabajadores como medida de presión", a lo que ha añadido que no es posible obtener ningún tipo de autorización "bajo presión".

En cuanto a la situación de los trabajadores de la empresa, tres de los cuales siguen encerrados en la Corta Atalaya como medida de presión para la reapertura y el resto han marchado a pie hacia el Parlamento andaluz, ha asegurado que no tiene "respuesta para los que se encierran sino que la debo y tengo que tener para la solicitud que plantea una empresa para la reapertura de una mina", ya que para Manuel Alfonso Jiménez "no existe en ningún manual que el camino tenga que ser el encierro. Eso que los respondan quienes consideren que este es el camino que hay que elegir, entre ellos el PP por cierto", ha concluido.