Junta y sector fresero aboga por "la coordinación" entre administraciones para solucionar los asentamientos

HUELVA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, y el sector fresero han abogado por "la coordinación" entre todas las administraciones competentes --ayuntamientos, Gobierno andaluz y el Gobierno central-- para solucionar "el problema" de los asentamientos, donde llegan a convivir, según la Mesa por la Integración, conformada por distintas entidades sociales, unas 2.500 personas en época álgida de campaña.

En declaraciones a los periodistas en Huelva, en el marco de una reunión de la Mesa de los Frutos Rojos, y preguntado por este asunto, el consejero ha asegurado que se trata de "una situación" que les preocupa "enormemente".

Por ello, ha insistido en la necesidad de "hacer un trabajo de colaboración y coordinación entre todas las administraciones porque es una labor de todos, del Gobierno central, de los empresarios y del sector", a lo que ha añadido que "hay que seguir avanzando en esta colaboración y en esa contratación en origen".

En este sentido, ha detallado que existe un foro de interlocución creado al respecto que abordará el asunto, pero ha insistido en la necesidad de "la coordinación de todos para seguir trabajando y aportando nuestro granito de arena".

Por otro lado, el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, ha señalado que "se trata de un tema que viene de largo en el que las competencias las tienen las distintas administraciones al estar ubicados estos asentamientos en distintos lugares, en fincas privadas o en suelo protegido", a lo que ha añadido que no cree que el sector "haya provocado un efecto llamada" al publicar las ofertas de empleo.

Al respecto, ha dejado claro que no cree que estos asentamientos estén vinculados a un sector, refiriéndose al de los frutos rojos, que "no es permanente" durante todo el año cuando existen asentamientos crónicos.

Preguntado por el planteamiento de las entidades sociales quienes han criticado que contraten en origen y no a estas personas, Domínguez ha precisado que las administraciones competentes "deben realizar una labor pero con anticipación, no solo en estos momentos".

A su juicio, "hay que hacer distinciones, donde entran las organizaciones y donde entran los permisos, ya que muchas de estas personas, para ser contratados, requieren un contrato de un año de trabajo en un cultivo que no es anual", por tanto considera "complicado regularizar la situación de estas personas". "Es una cuestión de normativas que las ponen las administraciones", ha remarcado.