HUELVA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía se reunirá con todas la universidades andaluzas para abordar el establecimiento de "medidas relevantes" una vez que la Universidad de Sevilla concluya su protocolo antiacoso, todo ello tras la suspensión al catedrático Santiago Romero tras su condena a siete años de cárcel por abusos sexuales y lesiones psicológicas continuados sobre dos profesoras y una becaria.
En declaraciones a los periodistas antes de una visita a la sede onubense de la empresa Gabitel, el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha señalado que "se trata de un caso reprobable y desagradable que han tenido que padecer compañeras durante años y que originalmente padecieron en silencio hasta que descubrieron que ellas no eran las únicas víctimas que eran acosadas y tuvieron la valentía y el arrojo de denunciarlo".
Arellano ha añadido que tras un "largísimo proceso judicial este tema está ya enfocado" y ha querido señalar que la Universidad de Sevilla fue "de las primeras universidades españolas en general que tomó conciencia de los problemas de esta cuestión con un protocolo sobre el acoso sexual y por otro tipo de cuestiones".
Desde la Junta estiman que "se trata de garantizar que todas las personas acudan a sus puestos de trabajo en condiciones de seguridad", por lo que "hay que estar a la espera de que la Universidad de Sevilla tome sus medidas y después la Junta de Andalucía se reunirá con las universidades, analizará que ha sucedido y tomará medidas relevantes".
Arellano ha asegurado que ya hay algunas medidas en marcha por lo que en los dos últimos ejercicios la Consejería que dirige ha transferido recursos a las universidades para sostener económicamente las Unidades de Igualdad, "algo que es muy importante ya que el Gobierno de España ha eliminado las ayudas a estas unidades y las becas que estaban relacionadas con la igualdad".
No obstante, Arellano ha indicado que "nos vamos a sentar con las universidades para ver si necesitan más, no solo para concienciar que es lo que parece que hay que hacer, sino también para llegar más lejos".
En este sentido el consejero de Economía ha indicado que los protocolos antiacoso "no solamente defienden a las víctimas sino que garantizan la seguridad jurídica de todos los actores porque hay personas que se sienten muy afectadas y también hay personas a las que hay que respetar su presunción de inocencia".
Arellano ha insistido en que se trata de "un mundo complejo en el que lo principal es defender a las víctimas, por lo que la clave de este asunto es que deben existir protocolos que garanticen esta cuestión y que garanticen la seguridad jurídica a todos los actores".