Las políticas públicas corrigen "de manera insuficiente" las situaciones de pobreza en Andalucía, según un informe

En 2015, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión andaluza era del 43,2% y tan sólo el 30,9% de la población se encuentran en "integración plena"

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las políticas públicas corrigen "de manera insuficiente" las situaciones de pobreza y desgigualda en Andalucía, según el I Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía (ODA), que permite observar la situación andaluza en términos de desigualdades, recogiendo en un único documento sus principales manifestaciones.

Se trata, según un comunicado de ODA, de una mirada sintética en un contexto de lógicas globales que están operando en el mundo actual. Así, mientras son prácticamente inexistentes las instituciones de gobernanza mundial, no ocurre lo mismo con lo que pueden considerarse "gobiernos globales de las empresas transnacionales". Las mismas reglas económicas que permiten la riqueza extrema también causan la pobreza: acumulación de beneficios sin que éstos reviertan en la creación de empleo, prácticas de evasión y elusión fiscal, etcétera.

Indica que en Andalucía la economía ha sufrido un "declive" en su proceso de convergencia con respecto a la economía española. El PIB per cápita andaluz apenas suponía en 2015 un 74,1 por cient del español, en comparación con el nivel de 77,3 por ciento que alcanzaba en 2007. Además, señala que "hay varios indicadores que nos alarman de la emergencia social".

Así, "la proporción de personas que se encuentran en situación de paro sin percibir ningún tipo de prestación o subsidio ha superado el 50%. A esto se suma la precarización en las condiciones del empleo. En el tercer trimestre de 2016, el 35,7% de los contratos de trabajo eran temporales en la economía andaluza, frente al 27% en la española".

Con todo, continúa el observatorio, la participación de los salarios en la renta "se ha reducido en mayor medida en la economía andaluza que en la española". Mientras que las familias de ingresos medios y bajos
suelen tener las rentas del trabajo como fuente principal de ingresos, las familias de ingresos altos suelen concentrar las rentas del capital. Por esta razón, un reparto de la renta nacional a favor de los beneficios suele generar el empeoramiento de la desigualdad de ingreso entre las familias.

Esta desigualdad primaria, a juicio de ODAm, "debe ser corregida por las políticas públicas, y para ello es imprescindible una política fiscal justa y suficiente". Como marca la Constitución Española, y
recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía, "deberán contribuir más a las arcas públicas aquellas personas con mayor capacidad económica, y hacerlo en mayor proporción respecto de aquellos con menor capacidad económica", añade.

Asimismo, apunta que como consecuencia de una recaudación baja y mal distribuida socialmente, tanto el índice de Gini como, sobre todo, la tasa de pobreza, "resentan valores mayores en Andalucía que en España, lo cual señala hacia la incapacidad de las políticas públicas para cerrar la brecha abierta en el reparto de la renta a nivel primario". "Pese a que las diferencias entre Andalucía y España en la desigualdad medida a través del índice Gini se reducen como consecuencia de la acción redistributiva pública, este mejor comportamiento se debe en buena medida al efecto de los estabilizadores autonómicos, y, en particular, al efecto de las prestaciones y subsidios por desempleo".

Además, agrega que el reflejo de la desigualdad de género "tiene un durísimo reflejo en las pensiones, ya sean éstas contributivas o no contributivas". En España en 2013, destaca, "sólo 39 mujeres por cada 100 hombres recibían una pensión de vejez no asistencial, frente a la media europea que se situaba entonces en 53 mujeres por cada 100 hombres. Las pensiones no contributivas se encuentran claramente feminizadas. En Andalucía en 2015, el 67,6% de estas pensiones eran recibidas por mujeres".

Del mismo, según recoge el I Informe ODA, una medición real de las condiciones de vida de las personas no es posible únicamente con indicadores económicos. En este sentido, en el ámbito de la salud, se ha
estudiado la salud de la población adulta afectada por un proceso de desahucio poniéndose de manifiesto "na peor salud general percibida, peor salud mental, mayor posibilidad de presentar una enfermedad crónica y una menor probabilidad de llevar un dieta saludable".

De igual modo, indica que se ha observado "un aumento de las desigualdades" de salud percibida entre personas inmigrantes y nativas en perjuicio de las primeras, especialmente entre las mujeres".

A nivel educativo, señala que el nivel de formación terminada de la población andaluza entre los críticos años 2006 y 2015 se mantiene, y se registra "un ligerísimo crecimiento global de la población andaluza poseedora de estudios universitarios". Sin embargo, "el crítico ciclo de 0 a 3 años se muestra cómo, paradójicamente, son las familias de más bajo nivel socioeducativo y socioeconómico --aquellas que según evidencias científicas más necesitarían de la escolarización temprana de sus menores-- las que menos recurren a estos servicios".

Las acentuadas diferencias sociales también se manifiestan cuando reparamos en la distribución social del rendimiento educativo. Así, se refiere a que en el PISA 2012 "la puntuación media del alumnado que pertenece al cinco por ciento de hogares con menos ingresos es prácticamente la mitad que la del alumnado que pertenece al 10% con más ingresos". Uno de los principales problemas del sistema educativo andaluz es la elevada tasa de abandono educativo temprano y nuevamente la incidencia de este problema se distribuye desigualmente entre clases sociales (identificadas según ingresos).

"Y la dramática consecuencia de todo los denunciado anteriormente se recoge en una cifra. En 2015, la Tasa de Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social en Andalucía es del 43,2%, la más alta del territorio español. Y tan sólo el 30,9% de la población andaluza se encuentran en lo que se denomina "integración plena", señalan desde ODA, y afirman que "una sociedad que cuenta con una democracia avanzada es aquella que facilita la plena participación de los ciudadanas en la construcción social".

EN CÁDIZ, HUELVA, JEREZ Y ALGECIRA, ALTA DESVENTAJA SOCIO-HABITACIONAL

"Uno de los indicadores más claros en este sentido es el acceso a la vivienda. Un alojamiento por sí sólo no garantiza la integración social, pero es uno de los pilares desde donde debe comenzar la intervención social, pues es un derecho que debe ser garantizado". Así, resalta que la desventaja socio-habitacional "es especialmente alta en ciudades como Cádiz, Huelva, Jerez y Algeciras, mientras que el déficit habitacional (carencias urbanísticas y residenciales) afecta de manera muy destacada sólo en Cádiz". Además, "la privatización y mercantilización del acceso a la vivienda han privado a ésta de su función social".

Actualmente impulsan esta iniciativa: Acción en Red, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía, ATTAC Andalucía, Cáritas Andalucía, Coordinadora Andaluza de ONGD, Colectivo de Educación para la Participación CRAC, EAPN Andalucía, Economistas Sin Fronteras, FACUA Andalucía, GEP&DO, Gestha, Médicos del Mundo Andalucía, Mujeres en Zona de Conflicto, Oficina de Cooperación de la Universidad de Sevilla, Oxfam Intermon, Plataforma Somos Migrantes, Proyecto Solidario, Red Infancia de Andalucía, e investigadores y profesores de las universidades de Almería, Granada, Loyola Andalucía, Pablo de Olavide y Sevilla, y de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Igualmente, se cuenta con la
colaboración de: Acercando Realidades, Agencia Sentido Común, Unicef Comité Andalucía, y Ustea.