El PP lamenta que el PSOE en el Ayuntamiento de Huelva rechace una moción contra la eliminación del delito de sedición

HUELVA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha lamentado este jueves que el PSOE en el Ayuntamiento haya rechazado una moción del Partido Popular en contra de la eliminación del delito de sedición lo que, en su opinión, "evidencia" que el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz y Pedro Sánchez "son lo mismo".

"Sabíamos que a Pedro Sánchez le vale todo para resistir en el poder y permanecer en la Moncloa y ahora también sabemos que a Gabriel Cruz también le vale todo para no enfadar a su jefe de filas si con ello no le mueven la silla del Ayuntamiento", ha manifestado el dirigente popular.

González, que ha estado acompañado por concejales del Grupo popular en el Ayuntamiento y diputados provinciales, ha manifestado que "el alcalde socialista ha perdido la oportunidad de anteponer los intereses de los onubenses, que mayoritariamente están en contra de modificar el delito de sedición y malversación, y no lo han hecho".

"Y si ayer asistimos a la confirmación de que Gabriel Cruz es lo mismo que Pedro Sánchez, mañana en el Pleno de la Diputación conoceremos si su presidenta y secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, también está a favor de reducir las penas a los delincuentes y dar la espalda a la voz mayoritaria de la sociedad onubense", ha enfatizado.

El presidente popular ha insistido que "esperan y desean" que "el gobierno socialista en la Diputación recapacite" y "que no haga lo mismo que hizo ayer el alcalde de Huelva con una moción que no es solo la voz del Partido Popular, sino que recoge el sentir general de la sociedad e incluso la voz de los propios fiscales que se han pronunciado alto y claro contra una modificación del Código Penal que es indefendible".

En este sentido, el popular ha expresado que el comunicado de la Asociación de Fiscales "alerta que una reforma del delito de sedición debiera tramitarse con el necesario sosiego, recabando los informes del CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal", así como que la reforma propuesta "supone una desprotección del orden constitucional".