HUELVA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La diputada nacional del PSOE de Huelva Pilar Rodríguez ha querido valorar este sábado el "enorme avance social" que ha supuesto la aprobación de la Ley de Eutanasia. Para ella, España se ha situado con esta norma "en vanguardia de la regulación europea en el contexto eutanásico", siendo el cuarto país europeo y el sexto del mundo en aprobar una norma que despenaliza la posibilidad de decidir el fin de la vida a pacientes con condiciones muy graves e invalidantes. Actualmente, solo Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá y Colombia regulan la eutanasia.
La valoración que cabe hacer de esta Ley es "eminentemente positiva", ha dicho la diputada, porque "abarca la práctica totalidad de las situaciones que pueden darse, incluidas las que son más difíciles de regular, como cuando la persona no ha podido manifestar expresamente su voluntad". Además, según indica un comunicado, la normativa no se limita a reconocer como tal una grave enfermedad física, sino también la psíquica, situándola al mismo nivel aunque no se manifieste de la misma manera, por lo que abarca todo el contexto eutanásico.
Con esta normativa, que supone "un hito histórico" para nuestro país "convertimos en derecho poder morir con dignidad, proporcionando una ley que regula los procedimientos y despenaliza, lo que sin ninguna duda, supone un avance en libertad", ha comentado la diputada nacional, que es también portavoz adjunta de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Se configura, pues un "modelo de respeto a la libre decisión de las personas sobre su propia muerte y a someter a la legislación civil a criterios puramente civiles, alejados de prescripciones religiosas", ha comentado la diputada socialista onubense, quien ha agregado que no debemos olvidar que las decisiones y las acciones siempre tendrán el aval de un informe médico".
Con esta Ley, que tiene que pasar aún el trámite en el Senado, toda vez que ya ha sido aprobada en el Congreso con 198 votos a favor (frente a 138 en contra y dos abstenciones), "se acabará dentro de tres meses, cuando entre en vigor, con el castigo que establece el Código Penal actual al que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de este, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena" de 1 a 6 años de prisión.
Pilar Rodríguez ha terminado diciendo que "estamos pues, ante una Ley importante, crucial, necesaria y esperada", que, además de tener ese amplio apoyo del arco parlamentario, cuenta con un respaldo social amplio, recordando la encuesta del CIS que vislumbró que el 80 por ciento de los encuestados vio necesaria su tramitación y aprobación, más o menos el mismo resultado que han dado otros sondeos recientemente". Por tanto, "en la familia socialista -ha remarcado- estamos muy contentos y orgullosos de poner un derecho más en manos de la ciudadanía".