PSOE pide en el Congreso paralizar los proyectos de gas de Doñana y se realice una evaluación ambiental conjunta

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la paralización de los proyectos de gas en el entorno de Doñana, en Huelva, y a la elaboración de un estudio y evaluación "conjuntos" de los cuatros fragmentos que componen el proyecto único de Gas Natural en Doñana y su entorno para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Así, en la propuesta, recogida por Europa Press, los socialistas consideran que el conjunto del proyecto industrial de gas en Doñana es "perjudicial y contrario a la integridad de este espacio natural y su entorno", por lo que, en primer lugar, insta al Gobierno a "paralizar" los cuatro proyectos del Saladillo, Aznalcázar (Sevilla), Marismas Oriental y Marismas Occidental para que se realice una evaluación ambiental "conjunta" de los cuatro fragmentos que componen el proyecto global.

El PSOE también pide "realizar una valoración global del impacto" de los cuatro proyectos sobre los acuíferos de Doñana y sobre los riesgos ambientales que puede generar toda la actuación en el Espacio Natural de Doñana y su entorno. Además, instan al Gobierno a promover la paralización de dichos proyectos "hasta que no se realice un estudio geológico sobre los riesgos sísmicos del conjunto de la ejecución de los cuatro proyectos".

Por último, la propuesta incluye "impulsar cuantas acciones legales procedan" para "detener cautelarmente" la ejecución de las cuatro partes de dicho proyecto y "revocar" las autorizaciones que se hallan otorgado y las declaraciones de impacto positivas emitidas, en virtud de "un nuevo análisis global de la actuación".

Según aporta la parte expositiva de la proposición registrada, el proyecto industrial de Gas Natural en Doñana tiene el objetivo de instalar, entre otras infraestructuras, 70 kilómetros de gasoducto, 16 pozos de extracción de agua y varios depósitos para almacenar 10.000 gigavatios por hora de gas, cantidad que "se acerca al tercio de la existente en España".

Según el PSOE, se trataría de una de los almacenamientos de gas "mayores de Europa que "afectaría directamente" al Espacio Natural de Doñana, uno de los ecosistemas con más valores naturales en todo el mundo, vital para la migración de gran número de especies de aves, y uno de los últimos hábitats en los que vive en libertad el lince ibérico.

El Gobierno de España aceptó la fragmentación del proyecto en cuatro subproyectos que comenzaron a tramitarse por separado y, por tanto, "sin valorarse el impacto ambiental en su conjunto ni desde el punto de vista ecológico ni en cuanto al riego sísmico que implicaba su situación", tal y como apuntan los socialistas.

De estos cuatro proyectos, el denominado Saladillo situado dentro del Espacio Natural Doñana, cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (DÍA) favorable pero "carece", sin embargo, de la preceptiva autorización de la ley por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección.

Por otro lado, el de Marismas Occidental no se encuentran dentro de los límites del Espacio Natural Doñana, pero uno de los dos emplazamientos del citado proyecto se encuentra dentro de Doñana Norte y Oeste (no perteneciente al Espacio Natural Doñana) espacio de la Red Natura 2000; cuenta con autorizaciones favorables otorgadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

En el caso de Marismas Oriental, dentro del Espacio Natural Doñana, la Junta de Andalucía denegó la Autorización Ambiental Unificada. El cuarto, Aznalcázar, cerca pero fuera de los límites del Espacio Natural Doñana, tramitado conjuntamente con el anterior, "no es viable desde un punto de vista logístico u operativo", según ha manifestado en diversas ocasiones la entidad promotora y apunta el PSOE.

En julio del 2017, según explican los socialistas, la Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, dirigió escrito a la Ministra de Agricultura y Pesca Alimentación y Medio Ambiente, solicitando que se iniciara el procedimiento de modificación de las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental que amparan a los cuatro proyectos.

Los argumentos para llevar a cabo esta modificación que se pidió al Ministerio, se basaban en los informes del Defensor del Pueblo de España y del Defensor del Pueblo Andaluz, así como en el posicionamiento del CSIC. Se considera, a la luz de tales informes, que la división en cuatro proyectos "no tiene en cuenta que todos ellos afectan al mismo acuífero", el subsistema Almonte-Marisma, y al mismo sistema de placas y fallas.

Asimismo, en las declaraciones de impacto ambiental, "no se valora la amenaza que supone la inyección de gas en el subsuelo", lo cual "implica un riesgo sísmico que por sí mismo es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener la aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto".

El hecho de no haberse efectuado un estudio de riesgos sísmicos, para el PSOE, "es una deficiencia en sí misma" y, además, "afecta al criterio utilizado para definir la posible contaminación del acuífero". "Los riesgos sobre el mismo no se han estudiado en profundidad", apostillan los socialistas.