MÁLAGA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
Unos 250 trabajadores podrían verse afectados en Málaga por el planteamiento de la empresa pública nacional Paradores, que en el caso de Málaga se distribuyen en cinco establecimientos turísticos y un campo de golf, según han indicado desde los sindicatos CSIF y CCOO.
El sector de Entidades Públicas Estatales de CSIF habla de un "ERTE camuflado" a nivel nacional a raíz de la crisis del COVID-19 y que afectaría a un millar de trabajadores en Andalucía, donde existen 16 establecimientos de la entidad pública. En Málaga podrían verse afectados entre 250 y 300 trabajadores, que prestan servicio en Ronda, Antequera, Málaga Golf, Málaga Gibralfaro y Nerja.
Paradores ha anunciado al comité de empresa que pretende reducir el sueldo hasta en un 50 por ciento a la plantilla de la empresa pública, que lleva cerrada desde el 16 de marzo y que desconoce cuándo podrá reanudar su actividad. Los empleados han consumido ya los días que les correspondían por exceso de horas realizadas en 2019 así como el permiso retribuido recuperable que aprobó el Gobierno desde el 30 de marzo hasta el 11 de abril.
RECLAMAN UNA SOLUCIÓN DIGNA ANTE LOS BAJOS SUELDOS
CSIF, sindicato mayoritario en Paradores en la provincia de Málaga, ha criticado en un comunicado que la propuesta de la empresa "dejaría a muchos de sus trabajadores sin llegar a cobrar ni el salario mínimo interprofesional, dados los sueldos que se manejan en la empresa pública". Por ello, han reclamado al Gobierno "una solución digna para estos trabajadores, que figuran como empleados públicos en el convenio".
Así, han exigido que se respeten las mismas condiciones laborales y que las jornadas que no se puedan realizar hasta que se reanude la actividad se compensen en los próximos años ampliando el horario de los trabajadores.
"La empresa se ha negado a negociar este punto, lo que dejaría a los trabajadores al límite de la supervivencia económica. Paradores pretende quitarles la prima de producción que es lo que permite llegar o acercarse, en el caso de determinados colectivos, a los 1.000 euros brutos mensuales", han indicado desde CSIF.
En los mismos términos, el presidente del comité de empresa del Parador de Gibralfaro, Vicente Martín (CCOO) ha criticado que se quiera quitar esa prima de producción a los empleados "con la trampa de que si la gente vende, entre comillas, sus vacaciones cobrarán esa prima; es indigno".
Martín ha tachado de "barbaridad" que se quiera "poder disponer de las vacaciones de los trabajadores en lo que va a ser la nueva temporada alta: septiembre, octubre, noviembre y diciembre que es donde a priori se va a trasladar todo".
"Nosotros tenemos que pagar nuestras hipotecas, dar de comer a nuestras familias y la dirección de Paradores no está a la altura", ha sostenido en declaraciones a Europa Press, añadiendo que las medidas planteadas son "antagonistas con las que, con mayor o menor cobertura está tomando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social".
El representante de CCOO ha indicado que son trabajadores públicos "de la empresa enseña del turismo y tenemos unos niveles muy bajos. Si no vendemos las vacaciones nuestro sueldo, en muchos casos, es menor al salario mínimo interprofesional", poniendo como ejemplo que el salario base de un nivel cinco, que corresponde a auxiliares, es de unos 800 euros; y un segundo jefe de cocina, en un nivel dos, tiene un sueldo base de 1.011 euros, "a lo que hay que restar las retenciones y el IRFP".
Vicente Martín ha indicado que Paradores es una empresa "atípica, la única empresa pública de hostelería del mundo". "Tenemos lo peor de la privada, porque pueden despedir cuando quieran, y lo peor de la pública, porque pese a tener unos beneficios el pasado año de casi 17 millones de euros el sueldo, si se congela, se nos congela independientemente de ese beneficio", ha puntualizado.
"El esfuerzo una vez más lo sufre el personal de tropa. Nosotros además estamos gastando en nuestras casas más luz, más agua, más alimentación pero otras personas --como los directores-- viven en los paradores y nadie de la dirección dice qué esfuerzo van a hacer ellos", ha lamentado el representante sindical.
CSIF, de hecho, ha considerado que el beneficios neto de 16,7 millones de euros de 2019 "es un colchón que debería utilizarse ahora en lugar de realizar un ERTE camuflado sin emplear esa palabra que el Gobierno ha prohibido realizar a las empresas públicas".