Acusan al alcalde y a la exregidora de Manilva por supuestas contrataciones irregulares

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga ha formulado acusación contra el alcalde de la localidad malagueña de Manilva, Mario Jiménez, y la exregidora Antonia Muñoz en dos piezas separadas del caso iniciado por supuesto enchufismo en dicho Ayuntamiento; en concreto, la relativa al presunto trasvase de fondos del Consistorio a una entidad y la de contratos a personas con vínculos familiares a la ex primera edil.

La causa se dividió en tres piezas. En la parte principal se investigan supuestas irregularidades en la contratación laboral desde 2007, las cuales en algunos casos tendrían vinculación con responsables municipales o de IU, formación a la que pertenecía la exalcaldesa. Esta primera es la única parte en la que el ministerio público aún no ha realizado escrito de acusación.

Así, en las dos conclusiones iniciales ya presentadas, a las que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía pide la apertura de juicio oral contra el regidor actual --de Compromiso Manilva-- y la exalcaldesa --que ganó la Alcaldía siendo de IU--, junto a otros concejales y exediles, por los delitos de prevaricación, gestión interesada y malversación.

En concreto, en la segunda pieza, el fiscal acusa a Muñoz, al alcalde y a otras seis personas, que son el marido de la exregidora, exediles y concejales actuales, por un delito de prevaricación en concurso con otro de gestión interesada, ambos con carácter continuado, solicitando dos años de cárcel para cada uno, multa y cuatro de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

En esta causa, se investiga la adjudicación de contratos a personas con vínculos familiares a la exalcaldesa, como el marido; en concreto el pago de facturas por la ejecución de obras y servicios "en las que no se han cumplido los requisitos exigidos por la normativa aplicable al procedimiento de adjudicación". Esas facturas fueron aprobadas en junta de gobierno local.

El escrito de acusación inicial señala que tras las elecciones de 2007, la entonces alcaldesa, "aprovechándose de este cargo y concertándose con el que era su marido, procedió a adjudicar verbalmente contratos menores a favor de la mercantil" constituida por ambos en 2005 "para la prestación de determinados servicios, a sabiendas de incumplir con las exigencias legales previstas".

Así, la calificación provisional indica que esto se llevaba a cabo "sin la existencia de expedientes administrativo de contratación, sin una propuesta y sin aprobación del gasto", ya que el entonces cónyuge "presentaba en el Ayuntamiento facturas de servicios ya prestados, incumpliéndose así con los requisitos que marca la legislación" correspondiente, además de que existían reparos de Intervención.

A pesar de que la alcaldesa tenía las competencias para autorizar estos gastos, delegó en la junta de gobierno, "de la que formaban parte el resto de los acusados en su condición de concejales, quienes siendo, perfectamente conocedores de la ilicitud en la contratación y teniendo conocimiento de la relación marital existente, procedieron a aprobar las facturas presentadas".

Según el fiscal, muchas de las facturas aprobadas en junta de gobierno iban con la firma del actual alcalde. "De igual forma se concertaron los acusados para celebrar verbalmente otros contratos en los que igualmente se prescindió total y absolutamente de todo procedimiento administrativo en su adjudicación", dice esta acusación, que, por contra, pide que se archive la causa respecto del anterior alcalde y portavoz socialista, Diego José Jiménez, y otro exedil.

En lo que respecta a la tercera pieza, la Fiscalía acusa a la exregidora de un delito de prevaricación y otro de malversación, ambos con carácter continuado, solicitando ocho años de prisión; mientras que a un asesor le achaca los mismos delitos y solicita siete años de cárcel.

Al actual alcalde y a otras cuatro personas se les acusa por un delito de prevaricación y otro de malversación, solicitando el fiscal cuatro años de cárcel y 16 de inhabilitación para empleo o cargo público. En esta parte se investiga el trasvase de fondos entre 2009 y 2012 desde el Ayuntamiento a la Entidad Urbanística colaboradora 'El Hacho'; así como la gestión y los procedimientos seguidos para ello.

El ministerio público entiende que, "con pleno conocimiento de su ilicitud y a pesar de la oposición de la Tesorería Municipal, de la Intervención y de la Tesorería de la Seguridad Social", tanto Muñoz como la junta de gobierno, donde estaba el actual alcalde, ordenaron una serie de operaciones de mandamiento de pago "por conceptos no presupuestados" del Ayuntamiento a 'El Hacho'.