Albiol pide al Gobierno reforma legislativa ante la okupación que atienda a las víctimas: "propietarios y vecinos"

Bendodo exige que el Ejecutivo destine 200 millones de euros a los ayuntamientos de Málaga para hacer frente a los gastos de la pandemia

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo de Alcaldes del PP nacional y alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha pedido al Gobierno de España que "afronte la realidad" y lleve a cabo una reforma legislativa ante la "problemática nacional" de la okupación, que, en palabras de Albiol, tiene a dos "víctimas claras": "los propietarios de las viviendas ocupadas y los vecinos de ésta".

Así lo ha manifestado durante la clausura del Consejo de Alcaldes del PP andaluz, que ha tenido lugar este sábado en Málaga y ha sido presidida por el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien también se ha referido a este tema alegando que hay instrumentos legales "para luchar contra estos hechos" y que la ley "ampara la propiedad privada", algo que tanto el Gobierno como el poder judicial "tienen que proteger".

"No podemos permitir que no haya seguridad jurídica en España y que haya noticiarios en Noruega que alertan a sus ciudadanos de la okupación de viviendas en España", ha recriminado Moreno, al tiempo que ha coincidido con Albiol en que el "damnificado y perjudicado" es el propietario de la vivienda, del que "tenemos un marco en el derecho que permite auxiliarlo".

En el aspecto legal, el presidente del Consejo de Alcaldes del PP nacional se ha referido a la propuesta de la fiscal general para atajar la okupación ilegal como "insuficiente", ya que "no va al eje principal del problema" que está en las personas que han convertido la okupación en "un negocio para las mafias", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que "en mi experiencia, son el 70 u 80% de los casos que se producen en España" y a ellos "se les tiene que dar una respuesta punitiva", ha dicho. Por otro lado, se ha referido a las personas "que la crisis ha llevado a que no puedan acceder a una vivienda y se encuentren en la obligación de ocupar una". Para ellos, quienes considera una parte "muy poco representativa de la okupación", ha pedido el acompañamiento por parte de los servicios sociales.

Del mismo modo, ha considerado la okupación "una realidad que está ocurriendo y que no conoce fronteras" y ante la que los ciudadanos demandan "que seamos claros y que la afrontemos", ha reconocido. "Lo peor que podíamos hacer es esconder la cabeza bajo el ala e intentar convertir en invisible lo que afecta a muchas personas en nuestro país", ha criticado Albiol, alegando que eso es "lo que está haciendo el Gobierno central".

BENDODO PIDE 200 MILLONES PARA MÁLAGA

En esta línea se ha referido también al Ejecutivo el presidente del PP de Málaga y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, quien, durante el Consejo, ha criticado que "tienen claramente las prioridades cambiadas. Entre blanquear a ETA, ocultar al rey y decir que la okupación es una forma legal de acceder a una vivienda, parece que a Sánchez se le haya olvidado gestionar la pandemia".

Así, ha señalado que la crisis del COVID-19 no se puede gestionar desde la ideología, sino desde el pragmatismo y los criterios inminentemente sanitarios; por lo que ha afirmado que los alcaldes "saben mejor que nadie que no se puede confiar en el Gobierno central, que además les ha intentado sisar", refiriéndose a la propuesta de uso de los remanentes locales.

En esta cuestión, el presidente del PP provincial ha sido contundente y ha reiterado la petición del uso de sus ahorros a los ayuntamientos, pues "los alcaldes sois los que realmente sabéis lo que pasa en vuestros municipios", ha alegado.

Además, ha considerado "justo" que se usen los mismos criterios con los que la Unión Europea concede a España 700.000 millones de euros --población, tasa de desempleo y PIB-- para que Andalucía reciba, "como le corresponde", 140.000 millones.

De esta cantidad, el PP pide que 5.000 millones se destinen a los ayuntamientos para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia que, en el caso de la provincia de Málaga, alcanzarían los 200 millones de euros, ha concluido.