El alcalde de Estepona asegura ser víctima de una denuncia falsa de presunto acoso sexual

MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, ha asegurado ser "víctima de una denuncia falsa" presentada en los juzgados de dicha localidad contra él por parte de un funcionario del Ayuntamiento por presunto acoso sexual.

Así ha respondido el regidor a través de una comunicación remitida por el Ayuntamiento a la difusión de la información sobre la interposición de una denuncia contra su persona por presunto acoso sexual, que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de dicha localidad.

Según dicha comunicación, García Urbano ha decidido poner el asunto en manos de un equipo de abogados que va a personarse en el procedimiento a los fines de solicitar que se proceda a escucharle, "de manera voluntaria y a la mayor brevedad, para poner de manifiesto la absoluta falta de fundamento de dicha denuncia".

"Es una inadmisible e injusta campaña para dañar la dignidad personal y la trayectoria del alcalde y del cargo que desempeña con una única y clara finalidad espuria", han asegurado desde el Ayuntamiento.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha incoado diligencias previas por un presunto delito de acoso sexual tras la denuncia presentada contra el alcalde 'popular' por parte de un funcionario municipal, que se encuentra de baja psicológica.

La denuncia fue presentada el pasado día 23 de octubre en el Decanato de los juzgados de Estepona y posteriormente fue turnada al Juzgado número 5, han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Por el momento la única diligencia acordada por parte del juez instructor es la toma de declaración al denunciante en una fecha próxima. Después, según los indicios de delito que se puedan recabar, se decidirá sobre los siguientes pasos a tomar.

La denuncia, según informó el letrado del denunciante en un comunicado, se formuló por hechos presuntamente delictivos que se habrían producido entre marzo 2022 y junio del 2023, aludiendo a la "amenaza de perder su puesto de trabajo" que supuestamente sufrió por el empleado municipal.