MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el inicio de movilizaciones en el sector de la enseñanza pública para denunciar las medidas tomadas por la Junta de Andalucía de cara a una vuelta al colegio segura, considerando que el Gobierno andaluz pone "en peligro a toda la comunidad educativa". Además, han indicado que van a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo.
Con las protestas, que serán dos concentraciones el 14 de septiembre y una huelga el 19 de septiembre, esta organización sindical exige a dicha Administración andaluza "una reducción de la ratio en las aulas, que se responsabilice de los protocolos de seguridad, que equipare a los centros educativos con personal sanitario y que haya un aumento de contrataciones de personal docente y no docente".
"La inversión en educación no es una prioridad para la Junta de Andalucía", ha criticado el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, Félix Martín, quien ha incidido en que dicha administración "permite un inicio de curso peligroso y sin garantías de salud para la comunidad educativa". Por esto, la organización sindical va a realizar dichas movilizaciones y va a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo.
La primera de las movilizaciones se va a realizar el 14 de septiembre con dos concentraciones, una entre las 10.30 y las 11.30 horas del personal de limpieza de los centros educativos, y otra entre las 18.00 y las 19.00 horas, del personal técnico en integración social y monitores escolares. Ambas frente a la Delegación Provincial de Educación.
A su vez, el representante sindical ha anunciado una convocatoria de huelga conjuntamente con otras organizaciones sindicales para el próximo 18 de septiembre.
Por su parte, la responsable de Enseñanza Pública del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, Yolanda Gamero, ha criticado "el escaso" aumento de personal docente para la provincia, situado en 385 nuevos puestos de apoyo y refuerzo frente al COVID-19, cuando, "según un estudio de este sindicato harían falta unos 10.000 profesionales docentes para hacer frente a esta nueva situación generada por la pandemia".
A su vez, Gamero ha criticado que estos nuevos puestos de trabajo solo son para los ciclos de Primaria y Secundaria, "quedando excluidos los ciclos de Infantil, Educación Especial y Bachillerato". También ha afirmado que en este curso "era más necesario que nunca contar con una buena planificación escolar, pero la Junta de Andalucía ha suspendido en llevar a cabo una adecuada previsión y medidas para un curso escolar con las mejores garantías frente al COVID-19".
Por otro lado, la responsable del sector del Personal Laboral en el Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, Gloria Pérez, ha informado de la situación en la que se encuentra este colectivo de los centros de enseñanza, "quienes ya de por sí, antes de la situación de pandemia se caracterizaba por tener una fuerte precariedad laboral y una falta de interés por parte de dicha Administración por que se cubran las bajas y las vacantes".
"Al contrario, lo que la Junta de Andalucía está haciendo al respecto es pasar a empresas privadas el servicio que hace este colectivo de profesionales. Sobretodo es el caso del personal de limpieza", ha indicado, criticando, igualmente, la situación en la que se encuentran los monitores escolares, "quienes tienen jornadas de trabajo a tiempo parcial semanales de ocho, 12, 16, 20 o 24 horas, y muchos de ellos tienen que atender dos centros distintos".
En el sector de la enseñanza concertada, Félix Martín ha explicado que se ha firmado un acuerdo del que CCOO "no ha sido partícipe porque nos parecían insuficientes las medidas contenidas en el mismo, que no son otras que las ofrecidas en un principio para los centros públicos".
En el ámbito de la atención a personas con discapacidad, ha dicho que el sindicato "tampoco está de acuerdo con las últimas instrucciones que ha dado la Consejería de Salud y Familia para las residencias y centros de día".
En ellas se dice que si hay un centro en un municipio con una incidencia de la enfermedad de 40/100.000 infectados/habitantes se tienen que suspender las actividades y se podrá admitir al 50 por ciento de las personas usuarias de los servicios, pero si la incidencia es de 70/100.000 contagios/habitantes se tiene que suspender toda la actividad y no se deben abrir los servicios. Con esos datos, ha asegurado el representante sindical, "no podrían abrir este tipo de centros".