La Comisión de Hacienda de la FAMP aprueba crear un grupo de trabajo técnico para analizar la financiación local

La reunión de trabajo de la comisión de este jueves ha sido telemática y ha estado dirigida por el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que también ostenta la presidencia de este órgano de la Federación.
La reunión de trabajo de la comisión de este jueves ha sido telemática y ha estado dirigida por el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que también ostenta la presidencia de este órgano de la Federación. - FAMP
Publicado: jueves, 21 noviembre 2024 14:55

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda y Financiación Local de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha acordado por unanimidad la creación de un grupo de trabajo técnico con representantes de todas las tipologías de gobiernos locales (diputaciones, capitales de provincias, grandes y pequeños municipios), que permita analizar la financiación local recibida por las corporaciones locales a través de su participación en los Tributos de Estado y en la Patrica.

Este grupo de trabajo deberá elaborar un informe que se elevará a la Comisión con las propuestas que consideren necesarias para clarificar la financiación local, "apostando por una financiación incondicional".

La reunión de trabajo de la comisión de este jueves ha sido telemática y ha estado dirigida por el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que también ostenta la presidencia de este órgano de la Federación, y en la misma se ha debatido sobre la financiación autonómica y local con la conclusión "de abordar urgentemente un análisis del modelo de financiación autonómica y local".

Salado ha recordado que en la XI Asamblea General de la FAMP celebrada en 2023 se aprobó una resolución en defensa de la autonomía local y la reivindicación de una financiación local suficiente que garantice la prestación de servicios públicos eficaces, eficientes, transparentes y equitativos para todos los ciudadanos de Andalucía.

En este sentido, ha resaltado que "la demanda principal de la financiación debe estar acorde con los servicios y competencias que prestan las corporaciones locales. Desde la FAMP seguiremos demandando a la Administración Central y Autonómica que se haga efectiva una distribución de los recursos financieros de acuerdo con los servicios y competencias que ejercen efectivamente cada una de las tres administraciones del Estado".

La FAMP considera que "es necesario delimitar de forma precisa el marco institucional y competencial de las entidades locales. Se debe definir el papel que deben ocupar los Gobiernos Locales dentro de la organización territorial, así como su régimen de organización y función pública, además del marco competencial y la correspondiente financiación".

"En este marco, resulta necesario actualizar tanto la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local como la Ley 27/2013, de 29 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local", agregan.

La Comisión de Hacienda y Financiación Local de la FAMP ha demandado que la "distribución de los recursos financieros" entre los tres niveles de administración (Estado, Comunidad Autónoma y Entidades Locales) "debe partir de un equitativo reparto en función de las competencias asumidas", de tal forma que a cada competencia le corresponda una financiación suficiente y proporcional a la carga soportada por la administración titular.

"De ahí que sea necesario y urgente delimitar de forma precisa el marco institucional y competencial de las corporaciones locales y revisar el sistema de financiación y la participación de las estas entidades en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas, en caso de Andalucía, la Patrica".

En el transcurso de esta reunión de trabajo se ha puesto de manifiesto que la revisión del sistema de financiación municipal pasa no sólo por la revisión de leyes autonómica, sino también estatales, por lo que es importante establecer canales de comunicación con la FEMP, entidad que representa los intereses de las corporaciones locales ante el Gobierno España.

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